La suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026, ordenada por el Consejo de Estado, generó reacciones inmediatas en sectores políticos y económicos.
La decisión cautelar obliga al Gobierno nacional a expedir, en un plazo de ocho días, una nueva regulación transitoria ajustada a los parámetros establecidos por la Ley 278 de 1997, mientras el alto tribunal estudia de fondo la legalidad del acto administrativo.
La senadora María Fernanda Cabal confirmó la medida judicial y la ubicó dentro de una serie de controversias jurídicas que, según señaló, han rodeado iniciativas recientes del Ejecutivo. En la misma línea, el representante Christian Garcés afirmó que el país enfrenta debates institucionales derivados de lo que considera incumplimientos normativos relacionados con el decreto suspendido.
El director del movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, indicó que la suspensión era previsible por tratarse, en su postura, de un aumento sin sustento técnico suficiente. Señaló que la discusión se trasladará ahora al ámbito administrativo mientras el Gobierno expide el nuevo decreto provisional. En sus declaraciones, agregó que el debate sobre el salario debe centrarse en los ingresos de los trabajadores sin que intervengan, según expresó, posturas ideológicas.
Desde el plano económico, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo explicó que la suspensión no implica cambios inmediatos en los incrementos salariales que ya fueron aplicados por las empresas al inicio del año. Precisó que esos ajustes se mantienen vigentes mientras se emite la regulación transitoria exigida por el Consejo de Estado.
Restrepo detalló que el nuevo decreto deberá cumplir los criterios técnicos definidos en la legislación, incluyendo variables como la meta de inflación, la productividad, el comportamiento del producto interno bruto y el índice de precios al consumidor. Según explicó, el carácter de la norma será provisional hasta que el alto tribunal adopte una sentencia definitiva.
La decisión judicial mantiene abierto el proceso y condiciona la vigencia del nuevo decreto a lo que resuelva el Consejo de Estado en el análisis de fondo. Mientras tanto, el Gobierno deberá atender el plazo fijado por la autoridad judicial para establecer el valor transitorio del salario mínimo conforme a los parámetros legales.
