La Superintendencia Nacional de Salud confirmó la apertura de una auditoría focalizada sobre la atención médica brindada a Kevin Arley Acosta Pico, el niño de siete años que falleció el 13 de febrero en Bogotá y que, según denuncias públicas de su familia y organizaciones de pacientes, no recibió durante cerca de dos meses el tratamiento requerido para su hemofilia A severa.
A través de un comunicado oficial, la entidad informó que la revisión se concentrará en el proceso de atención del menor dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo la identificación de barreras administrativas, la autorización del tratamiento y la entrega del medicamento profiláctico que debía suministrar la Nueva EPS, responsable de su afiliación.
La Superintendencia señaló que la indagación también evaluará el cumplimiento de los protocolos vigentes para la atención de enfermedades huérfanas.
De acuerdo con el pronunciamiento, la auditoría buscará establecer si durante el periodo previo al fallecimiento se omitieron normas relacionadas con la entrega oportuna de medicamentos esenciales. La entidad precisó que el análisis abarcará las actuaciones de la EPS y del prestador del servicio, así como los procedimientos administrativos asociados a la continuidad del tratamiento.
El organismo de control indicó que el menor padecía hemofilia A severa con inhibidores y que su cuadro se agravó tras un accidente deportivo que derivó en un trauma craneoencefálico. En el mismo documento, la Superintendencia reconoció que el caso se produce en un contexto de denuncias sobre dificultades en el acceso a medicamentos para pacientes con enfermedades de baja prevalencia, especialmente en tratamientos que requieren suministro periódico.
La entidad explicó que la auditoría incluye la revisión de autorizaciones, registros de entrega del medicamento, trazabilidad de órdenes médicas y tiempos de respuesta institucional. También advirtió que, de encontrarse irregularidades, podrían imponerse sanciones administrativas, multas o medidas correctivas contra los responsables de la prestación del servicio de salud.
El comunicado oficial señaló que el objetivo del proceso es determinar si se garantizó el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad del sistema y en las directrices específicas para la atención de pacientes con patologías huérfanas. La Superintendencia sostuvo que el expediente recogerá la información relacionada con la atención recibida por el menor y las actuaciones de las entidades involucradas.
La muerte de Kevin Acosta ha reactivado los cuestionamientos sobre la gestión de tratamientos de alto costo y la supervisión de las EPS intervenidas, en un escenario en el que organizaciones de pacientes han alertado sobre interrupciones en la entrega de medicamentos. Mientras avanza la auditoría, la Superintendencia afirmó que dará seguimiento al caso dentro de sus competencias de inspección y vigilancia del sistema de salud.
