La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró la liberación del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien permaneció detenido durante más de 1.295 días en un proceso judicial ampliamente cuestionado por violaciones al debido proceso y por tratarse de represalias frente a su labor de investigación sobre corrupción y crimen organizado.
Según la resolución judicial, Zamora, de 69 años y fundador del desaparecido diario elPeriódico, quedó bajo arresto domiciliario, esta medida estableció que debía presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público y que tenía prohibido salir del país.
Desde su domicilio, Zamora debía enfrentar dos procesos penales impulsados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), relacionados con supuesto lavado de dinero y conspiración para la obstrucción de la justicia.
Se calificó la excarcelación como un paso necesario, aunque insuficiente, mientras continuaran las acciones judiciales que amenazan la libertad de prensa en Guatemala. “Celebramos este paso, pero recordamos que nunca debió estar preso. Su encarcelamiento fue una injusticia y un ataque directo a la libertad de prensa”, escribió la organización en sus redes sociales.
Pierre Manigault, presidente de la SIP, señaló que la liberación de Zamora representó un avance en la restitución de sus derechos fundamentales, pero que no reparaba el daño causado por años de persecución judicial.
“Su encarcelamiento envió un mensaje intimidatorio a periodistas y medios que investigan corrupción y abusos, constituyendo uno de los casos más emblemáticos de criminalización del periodismo en la región”, agregó Manigault, quien dirige el grupo Evening Post Publishing Inc.
Zamora había sido detenido el 29 de julio de 2022 bajo acusaciones de lavado de dinero, en un caso considerado por observadores nacionales e internacionales como represalia por las investigaciones de elPeriódico sobre actos de corrupción durante la presidencia de Alejandro Giammattei y por su cobertura de redes de poder y crimen organizado.
En junio de 2023, fue condenado a seis años de prisión, sentencia que posteriormente fue revocada, dando lugar a un nuevo juicio. En octubre de 2024 se le concedió arresto domiciliario, pero meses después fue enviado nuevamente a prisión en marzo de 2025 tras apelaciones de la Fiscalía.
Durante su encarcelamiento, Zamora denunció haber sido sometido a torturas psicológicas y físicas. En 2024, un equipo internacional de abogados, en representación de su familia, solicitó al relator especial de la ONU sobre la Tortura medidas urgentes para proteger su vida y asegurar su liberación.
La prolongada detención del periodista también provocó que elPeriódico cesara operaciones el 15 de mayo de 2023, dejando a la sociedad guatemalteca sin uno de sus principales referentes del periodismo de investigación.
Tras su liberación, Zamora afirmó al Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sentirse “satisfecho” pero advirtió que su situación seguía siendo incierta. “He pasado más tiempo en prisión del debido, he sufrido tortura y represión psicológica… pero ha valido la pena. Mi detención arbitraria expuso la corrupción y el uso del sistema de justicia para silenciar voces críticas”, declaró.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras, así como el CPJ, instaron a las autoridades guatemaltecas a retirar todos los cargos pendientes contra Zamora, advirtiendo que la criminalización de periodistas envía un mensaje alarmante a quienes investigan corrupción en el país.
