viernes, febrero 13, 2026
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Siguen las reacciones por suspensión del aumento del mínimo, se cuestionó la supuesta invasión de funciones presidenciales

Luego de conocer la decisión del Consejo de Estado de suspender de forma  provisionalmente los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno había fijado el aumento del salario mínimo para 2026, algunos personajes políticos han reaccionado.

Una de las voces críticas de esta decisión fue la de la senadora Aída Avella, quien escribió en su cuenta de X que era “lamentable”, por otra parte escribió que: “el Consejo de Estado contra los pobres. Sin ruborizarse los Magistrados desconocen el estado social de derecho y apoyan la desigualdad!”.

Por otra parte, el Concejal de Bogotá, Julián Triana escribió en su cuenta de X que había políticos tan: “caraduras que en la mañana celebran que se caiga el aumento del salario mínimo y en la tarde van y le piden votos al pueblo trabajador. ¡Miserables!”. 

Cabe recordar que la decisión se adoptó como medida cautelar dentro de una demanda que cuestionó la legalidad del incremento y no constituye un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.

En el auto, el alto tribunal ordenó al Ejecutivo expedir y publicar, en un plazo de ocho días calendario, un nuevo decreto que establezca un porcentaje transitorio de aumento y el valor correspondiente del salario mínimo para 2026, el cual regirá mientras se dicta sentencia. 

Retomando las reacciones, otra de las personas que se pronunció fue la número uno de la lista al Senado por el Pacto Histórico, Carolina Corcho, quien escribió en su cuenta de X que la decisión de suspender el incremento del Salario Mínimo del 23.8% y un incremento del subsidio de transporte para redondear un salario mínimo vital de 2 millones de pesos, era un “exabrupto jurídico, que invade las funciones constitucionales que le otorga la Constitución al Presidente de la República”.

En este orden de ideas, agregó que esta decisión merecía “un total rechazo”, dado que se contituía según su punto de vista, un lawfare, “en el uso indebido de las instituciones judiciales para defender poderosos intereses en contra de las mayorías trabajadoras y derechos consagrados en la Constitución Política”. 

Finalmente Corcho aseguró que apoyaba a la movilización así como a un futuro paro Nacional con el objetivo “de derogar este Auto que atenta contra la vida digna de nuestro pueblo, para por último pedirle a sus seguidores volcarse a las calles, y apoyar el paro Nacional.

Camilo Romero, exgobernador de Nariño, publicó un video en sus redes sociales, donde expresó que el Consejo de Estado atropellaba a los colombianos “suspendiendo el decreto del salario mínimo”, puesto que respondía a los poderes de “siempre y no a la gente”, y luego agregó que esa era la lógica que  hizo que Colombia fuera el tercer país más desigual del planeta, “por eso hay que ganar en este 2026. ¡Pa’lante!”, declaró Romero.

En la misma vía, el senador, Omar Restrepo, del partido Comunes, también escribió sobre el tema que los «amigos de la ley» en el Consejo de Estado cuando les convenía, decían que el aumento del salario vital era un riesgo inflacionario, y que la traducción técnica era que preferían castigar el consumo de las mayorías para proteger la tasa de retorno de las minorías. 

“La macroeconomía de ellos es el hambre nuestra. Esto es lucha de clases, invito y convoco a que salgamos a la calle indignados para construir la dignidad salarial  Por la dignidad de los trabajadores a lasCalles, constituyente ya”, invitó Restrepo.

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