La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves la condena a seis años de prisión para la exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la conocida causa “Vialidad”.
Además, el fallo incluyó su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, una sentencia que golpea aún más la carrera política de la exmandataria.
La causa, que examina el desvío de fondos públicos destinados a obras en la provincia de Santa Cruz, también incluye al empresario Lázaro Báez, quien, según las acusaciones, se habría beneficiado de contratos ilícitos a través de sus empresas, favorecidas durante el período en que Kirchner estuvo en el poder.
Sin embargo, la Cámara desestimó la solicitud de la Fiscalía de añadir el cargo de “asociación ilícita”, limitando el fallo únicamente a “administración fraudulenta agravada”.
El fallo fue leído en audiencia pública por el presidente de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, en un proceso que ha sido seguido de cerca por el círculo de aliados y seguidores de Kirchner.
Pese a estar convocada, la exvicepresidenta optó por seguir el fallo desde el Instituto Patria junto a colaboradores cercanos. Entre los condenados también figuran exfuncionarios clave de su gobierno, como José López y Nelson Periotti.
En los alrededores de los tribunales de Comodoro Py, un grupo de seguidores de Kirchner realizó una «clase abierta» en apoyo a la exmandataria, denunciando lo que llaman “lawfare” o persecución judicial. Desde las primeras horas del día, un fuerte operativo policial resguardaba el lugar, anticipando posibles disturbios en medio de la polémica decisión.
Este fallo, además de confirmar las penas, estipula el decomiso de aproximadamente $85.000 millones de pesos, los cuales, según la sentencia, habrían sido desviados de manera fraudulenta durante la administración Kirchner.
La sentencia en Casación abre un plazo de diez días para presentar un recurso ante la Corte Suprema, aunque la posibilidad de un cambio significativo parece limitada. Mientras tanto, los abogados de Kirchner insisten en que el proceso es una “persecución política”, y aseguran que seguirán todas las instancias judiciales para revocar la condena y limpiar el nombre de la exvicepresidenta.
