Un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) de Bogotá alertó que el incremento del salario mínimo decretado para 2026 podría revertir parte de los avances recientes del mercado laboral en la capital.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, la ciudad enfrentaría la pérdida de cerca de 110.000 empleos formales en un periodo de entre 12 y 18 meses, como resultado del aumento del 23,7% que incluye el auxilio de transporte.
El análisis parte de un contexto en el que Bogotá cerró 2025 con una tasa de desempleo del 7%, la más baja registrada desde 2007. Sin embargo, el impacto del ajuste salarial, que supera ampliamente el comportamiento de la inflación, modificaría esta tendencia y tendría efectos sobre el crecimiento económico, estimado en una reducción de 0,5 puntos porcentuales.
La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, explicó que el incremento no tiene precedentes recientes en términos de su magnitud frente al aumento general de precios. Según indicó, el mercado laboral enfrenta un escenario de incertidumbre frente a la capacidad de las empresas para absorber el mayor costo salarial, ya sea asumiéndolo en su estructura de gastos o trasladándolo a los precios finales.
El estudio señala que una de las principales respuestas de las empresas podría ser la reducción de personal o el ajuste de sus esquemas de contratación. Bajo ese escenario, el Distrito estima que cerca del 13,4% de los trabajadores formales que devengan un salario mínimo podrían verse afectados, ya sea por despidos o por el tránsito hacia la informalidad. Esta última, según las proyecciones, aumentaría en 2,3 puntos porcentuales durante 2026.
En 2025, la informalidad laboral en Bogotá se ubicó en 34%, uno de los niveles más bajos del país. No obstante, el informe advierte que pequeñas y medianas empresas, así como micronegocios, podrían optar por esquemas informales o por contratos de obra o labor para reducir costos, lo que modificaría la calidad del empleo.
El impacto no sería uniforme entre los sectores productivos. Las mayores afectaciones se concentrarían en actividades intensivas en mano de obra, como manufactura, comercio, alojamiento y servicios de comida, bares, transporte, logística y construcción.
En estos sectores, entre el 16 y el 39% de los trabajadores perciben ingresos cercanos al salario mínimo, lo que incrementa la presión sobre los costos operativos, a lo que se suman los recargos nocturnos y dominicales derivados de la reforma laboral.
La Secretaría también advierte efectos fiscales para el Distrito. La desaceleración económica prevista incidiría en el recaudo del impuesto de industria y comercio (ICA), principal fuente de ingresos de la ciudad, lo que obligaría a revisar planes de inversión.
Entidades distritales como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y TransMilenio enfrentarían mayores costos salariales asociados a convenios y ajustes contractuales, lo que podría implicar reacomodos presupuestales.
A este escenario se suman factores macroeconómicos como el comportamiento de la inflación, la creación de nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica y el nivel de las tasas de interés, elementos que, según el estudio, incidirían en las decisiones de inversión y expansión empresarial en la capital durante 2026.
