La exconsejera para las regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, procesada en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ortiz respondió a través de su defensa a los recientes señalamientos de la Fiscalía General de la Nación, que calificó como “confusa, contradictoria y no sustentada” la información que ha entregado como parte de un posible principio de oportunidad.
La exconsejera, quien actualmente se encuentra privada de la libertad por orden judicial, aseguró que los datos aportados ante el ente investigador son “precisos y verificables”, y que permitirían abrir investigaciones contra funcionarios aforados.
A través de su abogado, Oswaldo Medina Posada, reiteró su intención de colaborar con la justicia y brindar información relevante sobre el entramado de corrupción en la UNGRD.
“Esta defensa se permite señalar a la opinión pública que, en efecto, Sandra Ortiz ha tenido acercamientos, conversaciones e intercambio de información con la Fiscalía General de la Nación. Allí, se aportaron datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corroboran sus afirmaciones, con los que, inclusive, se podría iniciar investigaciones contra aforados”, indicó su equipo jurídico.
En respuesta, la Fiscalía reconoció que ha sostenido acercamientos con Ortiz en busca de una negociación judicial. Sin embargo, informó que fue rechazada la solicitud de inmunidad penal total hecha por su defensa, al considerar que la calidad de la información ofrecida no cumple con los estándares probatorios exigidos.
“Ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de fiscales… Y por considerar que la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
A pesar de la posición del ente acusador, la defensa de Ortiz aseguró que la exfuncionaria mantiene su disposición a colaborar con las autoridades, argumentando que enfrenta riesgos de seguridad tanto ella como su familia por la información que posee.
Ortiz fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según la Fiscalía, se encuentra próxima a ser acusada formalmente dentro del proceso penal que adelanta el organismo en el marco del escándalo de corrupción en la UNGRD.
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