Este 15 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, se instala la mesa de concertación que definirá el incremento del salario mínimo para 2026, en medio de una negociación marcada por cifras que, de adoptarse sin acuerdo, tendrían efectos directos sobre la estructura empresarial y el mercado laboral.
La discusión llega a su punto más sensible con tres propuestas sobre la mesa: un aumento del 16% impulsado por las centrales sindicales, un 7,21% planteado por el sector empresarial y una referencia cercana al 11% sugerida por el Gobierno, sin que exista aún una cifra oficial.
La jornada coincide con la fecha límite legal para alcanzar un consenso, que de no lograrse, el Ejecutivo podría fijar el aumento por decreto. Ese escenario, advertido desde distintos sectores productivos, elevaría el salario mínimo a un nivel que no guarda relación con la inflación observada, la productividad laboral ni la capacidad de absorción de costos de miles de empresas, en particular micro, pequeñas y medianas, que concentran buena parte del empleo formal del país.
Las cifras que rodean la negociación son conocidas, puesto que la inflación anual a noviembre se ubicó en 5,30%, con una proyección cercana al 5,15% para el cierre de 2025, mientras la productividad mantiene un comportamiento bajo.
Aun así, los sindicatos insisten en un ajuste de dos dígitos que llevaría el salario mínimo a $1.651.260 y el auxilio de transporte a $232.000. El sector empresarial propone un salario de $1.526.134 y un auxilio de $214.420. La referencia del Gobierno situaría la remuneración en torno a $1.580.085.
Desde las centrales obreras, el presidente de la CUT, Fabio Arias, ha sostenido que la solicitud del 16% responde a los niveles de desigualdad y a la distancia entre el salario actual y el llamado salario mínimo vital, calculado por estudios de la OIT en alrededor del 50% por encima del ingreso vigente. En sus declaraciones, Arias cuestionó de forma reiterada las propuestas empresariales y defendió el incremento como un ajuste pendiente frente al costo de vida.
Desde el sector productivo, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que aumentos salariales por encima de la inflación y la productividad han presionado la informalidad en los últimos años, pese a que la tasa de desempleo se ubicó en 8,2% en octubre, según el Dane. Para la dirigente gremial, la discusión no puede desligarse de la sostenibilidad empresarial, la generación de empleo formal y la fragilidad del crecimiento económico, que hoy muestra señales de recuperación cercanas al 2,8%.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha insistido en que ninguna de las cifras es inamovible y que el Gobierno busca facilitar un acercamiento. Sin embargo, la falta de una propuesta concreta mantiene el pulso abierto y traslada la presión a la mesa que inicia esta mañana.
Finalmente, a las 3:00 de la tarde está prevista una rueda de prensa para informar los avances de una jornada que definirá no solo un salario, sino el equilibrio entre ingreso, empleo y viabilidad empresarial.
