A través de una declaración pública en su cuenta de X, el jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, Alfredo Saade, aseguró que el Gobierno nacional está listo para suscribir el convenio con Portugal para la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
Según escribió, “luego de reuniones técnicas, todo está acordado”. El anuncio se produjo en medio de cuestionamientos expresados por la Procuraduría General de la Nación, la saliente canciller Laura Sarabia y la propia Embajada de Portugal, entidades que han expuesto dudas sobre la viabilidad del modelo y la capacidad operativa de la Imprenta Nacional para asumir esta función a partir del 1 de septiembre, fecha en la que finaliza la prórroga con la empresa Thomas Greg & Sons.
En una carta enviada al procurador Gregorio Eljach el pasado 7 de julio, Sarabia entregó un informe detallado de las gestiones adelantadas por la Cancillería durante los últimos cinco meses para avanzar en la implementación del modelo. En el documento se reportan reuniones clave, como la sostenida con representantes del Gobierno de Portugal el 7 de marzo de 2025, y la creación del Comité Operativo para la Implementación del Nuevo Modelo de Libretas de Pasaportes (COEP), el 25 de marzo, que sesionó en seis ocasiones.
Sin embargo, la Procuraduría inició inspecciones preventivas a la Cancillería y a la Imprenta Nacional ante dudas sobre la capacidad de esta última para asumir la producción de los documentos de viaje en el plazo establecido. Según fuentes del Ministerio Público, el concepto preliminar que se prepara para el procurador Eljach indicaría que la Imprenta no cuenta con las condiciones técnicas y logísticas para responder a la demanda nacional a partir de septiembre.
A nivel disciplinario, desde la Sala Disciplinaria de Instrucción se empezó a analizar la conducta de Saade, Sarabia y el excanciller Luis Gilberto Murillo. De acuerdo con lo explicado por esta instancia, se revisan posibles fallas que, de ser confirmadas, podrían derivar en sanciones e inhabilidades.
Mientras tanto, la Embajada de Portugal en Colombia envió una carta en la que detalló su perspectiva sobre el estado del convenio. Según el documento, los términos del acuerdo se definieron en diciembre de 2024, durante la gestión de Murillo. Su aprobación por parte del Gobierno portugués se formalizó el 26 de febrero de 2025 con su publicación en el diario oficial, dos meses después del calendario inicialmente previsto.
Según la trazabilidad presentada, una delegación de alto nivel de la Imprenta Nacional–Casa da Moeda de Portugal y de su socia francesa se desplazó a Bogotá en marzo para iniciar los trabajos técnicos y preparar la ejecución del modelo en septiembre. Se llevaron a cabo gestiones para asegurar entregas de equipos de personalización y papel con proveedores especializados.
No obstante, durante las reuniones del 6 y 7 de marzo con la nueva administración de la Cancillería, surgieron reparos respecto al marco jurídico del convenio, que debía ajustarse como un acuerdo interadministrativo internacional. También se plantearon preocupaciones sobre la necesidad de asegurar presupuesto para todo el periodo de vigencia del contrato, estimado en diez años.
Según la Embajada, después de mayo se suspendieron las mesas jurídica y técnica, creadas para resolver las diferencias, y desde entonces no ha habido discusiones de fondo sobre el rumbo del proyecto. El Gobierno de Portugal expresó que, aunque ha reiterado su disposición a colaborar, no ha sido convocado a nuevas sesiones estratégicas.
El pronunciamiento concluye con la petición de que el Gobierno colombiano indique una fecha tentativa para formalizar la firma del convenio y aclare si pretende mantener la marca de agua y los diseños previamente aprobados, salvo por ajustes menores que no impliquen cambios estructurales.
