El Consejo Nacional Electoral inició la revisión de las cuentas presentadas por las campañas que participaron en la consulta presidencial del Pacto Histórico, un proceso que incluye los reportes de gastos y obligaciones pendientes declarados por varios candidatos.
La atención se ha concentrado en la información registrada por la entonces aspirante Carolina Corcho, cabeza de lista al Senado por esa coalición, quien participó en la consulta realizada el 26 de octubre.
De acuerdo con el aplicativo Cuentas Claras del CNE, la campaña de Corcho reportó gastos por $1.428 millones de pesos. Dentro de ese registro aparece una obligación pendiente por $738.000.000 millones asociada a un proveedor de refrigerios identificado como Gusteau Chefcito Sigi, cuyo representante legal es Sigifredo Vergara Martínez.
El dato fue expuesto públicamente por congresistas que solicitaron explicaciones sobre la naturaleza del vínculo económico y la capacidad del proveedor para asumir un servicio de ese monto.
Inicialmente, el registro fue interpretado como un préstamo, aunque desde sectores del Pacto Histórico se indicó que se trata de una cuenta por pagar derivada de servicios prestados durante la campaña. En cualquier escenario, la información adquiere relevancia porque, una vez certificada por el CNE, podría ser incluida dentro del proceso de reposición de gastos por votos válidos, mecanismo mediante el cual el Estado financia parte de las campañas.
Fuentes del organismo electoral señalaron que los contadores del Fondo de Reposición de Gastos de Campaña verifican la documentación presentada, incluidos soportes contables, certificados y la capacidad económica del proveedor. Si se detectan inconsistencias, el expediente puede ser remitido a la Secretaría del CNE para su reparto y eventual apertura de una indagación en un despacho de magistrado.
Las dudas también se han concentrado en el proveedor. Según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, Gusteau Chefcito Sigi fue constituida en 2020 con un capital inicial inferior a dos millones de pesos y con una dirección en la localidad de Bosa.
Congresistas que visitaron el lugar reportaron no encontrar el establecimiento y no hay constancia pública de un cambio de sede. Además, se conoció que la empresa entró en proceso de liquidación, situación que no impide la prestación de servicios, y que su representante figura en el régimen subsidiado de salud y en listados de beneficiarios de programas sociales.
El mismo proveedor aparece en las cuentas de campaña de la congresista María Fernanda Carrascal, también del Pacto Histórico. Carrascal explicó que no recibió financiación, sino que contrató un servicio de alimentación registrado como cuenta por pagar, elaborada por la empresa y reportada dentro de los plazos legales. Señaló que este tipo de obligaciones se cubren con recursos de reposición y que no requieren documentos firmados por el candidato.
En medio de los cuestionamientos, el candidato Iván Cepeda, quien ganó la consulta, rechazó las críticas y afirmó que se trata de señalamientos sin sustento. Mientras tanto, el proceso de verificación del CNE continúa, con el objetivo de establecer si la información presentada cumple los requisitos formales y contables exigidos por la normatividad electoral.
