El Congreso de la República prepara debates de moción de censura contra los integrantes del gabinete de Gustavo Petro que firmaron el decreto mediante el cual se convocó a la consulta popular sobre la reforma laboral.
La representante Lina María Garrido, de Cambio Radical y segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, encabezó la iniciativa argumentando eventuales faltas disciplinarias y penales.
El acto administrativo, calificado por sectores de oposición como el “decretazo”, ha generado una serie de demandas en distintas instancias judiciales. Desde su expedición, se han presentado recursos ante el Consejo de Estado, solicitudes en la Registraduría para frenar el proceso y acciones ante las cortes que cuestionan su legalidad.
Según la congresista Garrido, en las mociones de censura también serán incluidos aquellos ministros que, aunque manifestaron públicamente su disposición a firmar, finalmente delegaron la responsabilidad en otros funcionarios. “Deben responder por violar nuestra Constitución Política e irrespetar a Colombia. Cumplo con mi deber como Congresista”, señaló la representante.
Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra los ministros que suscribieron el decreto. La investigación está a cargo de la Sala Disciplinaria de Instrucción, que evalúa si la expedición del acto administrativo pudo haber constituido faltas disciplinarias, tras las múltiples quejas recibidas por el Ministerio Público.
El ente de control indicó que ya había intervenido en dos procesos ante el Consejo de Estado desde el 28 de mayo y el 6 de junio. Ambos expedientes buscan revisar la legalidad de la votación en el Senado del pasado 14 de mayo, en la cual fue negada la solicitud original de consulta popular presentada por el Gobierno Nacional.
Mientras avanzan los procesos judiciales y disciplinarios, el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros han planteado nuevos escenarios. El mandatario señaló que, si las cortes invalidan la convocatoria a la consulta popular, se podría recurrir a la figura de una asamblea nacional constituyente impulsada por la ciudadanía.
La propuesta contempla la recolección de ocho millones de firmas para respaldar la iniciativa. Según el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, esa vía permitiría que la convocatoria a la constituyente no pase por el Congreso, sino que sea remitida directamente a la Corte Constitucional y posteriormente a las urnas.
Este mecanismo ha generado cuestionamientos en sectores de oposición y entre analistas jurídicos, quienes advierten sobre las implicaciones que tendría para el sistema de pesos y contrapesos del poder público.
