Por Nicolás Pérez
Mucha atención ha concentrado la reforma a la salud, laboral y pensional. Y está bien que sea así. Estos son los textos más radicales que ha presentado el Gobierno y ningún tema se debe dejar de analizar. Sin embargo, paralelo a estas discusiones, y quizás sin tanta repercusión mediática, se está tramitando el Plan Nacional de Desarrollo -PND-. La hoja de ruta de los próximos cuatro años que contiene toda la proyección de política pública de esta administración y uno que otro mico peligroso, bastante peligroso, que no se puede dejar pasar. Veamos:
En primer lugar, sin necesidad de esperar lo que suceda con la reforma a la salud, el PND acaba con las EPS al implementar el giro directo a todos los prestadores. Esto quiere decir que el Gobierno ya no entregará los recursos del sistema a las EPS para que estas los administren y realicen toda la labor de aseguramiento de sus afiliados con la red de IPS, sino que se las saltará para cancelarle directamente a quienes realizan la atención.
Y aunque algunos pueden sostener que ello es deseable, lo cierto es que desconocer la labor de aseguramiento de las EPS es un error que le puede salir muy caro al País. Gracias a esa gestión es que los recursos alcanzan todos los años para cubrir la atención en salud de 50 millones de colombianos y se evitan despilfarros y carteles que pueden surgir si las cuentas que presentan los prestadores no tienen auditorías ni controles.
Además, a raíz de ese aseguramiento es que las EPS estructuran la red de prestadores que se le ofrecen a los pacientes en todas las ciudades, gracias a lo cual, entre otras cosas, tanto la persona más rica como la más vulnerable pueden acceder a la misma clínica. Si esto se acaba, como lo propone el PND, la incertidumbre será total. Muy seguramente las EPS recogerán su inversión y saldrán del mercado, pero el caos administrativo que queda no tendrá comparación alguna.
En segundo lugar, hay un riesgo impresionante de expandir el tamaño burocrático del Estado, toda vez que el articulado propone otorgarle facultades extraordinarias al Presidente para modificar la estructura la rama ejecutiva. En otras palabras, si se aprueba ese articulito el Gobierno podrá crear cuantas entidades quiera sin ningún tipo de control, algo que claramente dispararía los costos de funcionamiento e implicaría dejar de asignar recursos a inversión social para pagar sueldos innecesarios.
Frente a este tema, cabe señalar que hace cuatro años, en el PND del Gobierno Duque, también intentamos otorgarle facultades extraordinarias al Presidente, pero con una clarísima diferencia: solo se podrían utilizar para suprimir y fusionar entidades. Es decir, para recortar el tamaño del Estado y jamás para ampliarlo. Algo que desafortunadamente no aprobó el Congreso.
En tercer lugar, el Gobierno pretende realizar una actualización catastral de todos los inmuebles del País con base en una metodología que se inventará el Instituto Agustín Codazzi – IGAC- sin que a la fecha existan parámetros claros de cómo va a funcionar.
El problema de esto es que a través de este mecanismo se ponga en marcha un programa de expropiación indirecta, sobre todo de las propiedades rurales, dado que si el Gobierno de la noche a la mañana eleva exponencialmente el avalúo catastral de las propiedades las personas no tendrán cómo cancelar las nuevas obligaciones tributarias y en muchos casos se verán obligados a entregar el bien para sanear la deuda con el Estado.
Una burda persecución que incrementa los ya alarmantes problemas de seguridad jurídica que tenemos en Colombia y que hace demasiado complicado sostener las inversiones agroindustriales que tanto requiere el campo para tecnificar su operación, mejorar la calidad de sus productos y aumentar los ingresos de los productores.
Estas son apenas tres perlas que trae el extenso articulado. Las preocupaciones son superiores y mucha atención deberán poner tanto las bancadas como la opinión pública para evitar que a través de este denso texto se adopten cambios por la puerta de atrás. No vaya y sea que los puntos neurálgicos de las reformas a la salud, laboral y pensional las incluyan acá y no en el trámite ordinario de esos proyectos.
