Profesionales de la salud de Colombia, tanto en el país como en el exterior, emitieron una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro y a los colombianos. En el documento, manifiestan su rechazo a lo que consideran declaraciones reiteradas del mandatario que constituyen, según afirman, una grave injuria contra médicos, personal sanitario y organizaciones como Keralty.
«Nos unimos en un solo cuerpo ético, técnico y humano para rechazar y denunciar categóricamente las reiteradas declaraciones del Presidente de la República», expresan los firmantes, quienes advierten que dichas afirmaciones vulneran la dignidad de los profesionales del sector y representan «una transgresión directa a los deberes constitucionales del Presidente».
El pronunciamiento señala que acusaciones sin fundamento, como vincular a médicos y profesionales de la salud con prácticas criminales o atribuirles de forma generalizada negligencia, deterioran la confianza institucional. «Difundir afirmaciones sin evidencia técnica ni judicial, señalar sin pruebas, estigmatizar sin fundamento y debilitar sin criterio», afirman, pone en riesgo la estabilidad del país.
La carta destaca el papel del sector salud durante la pandemia, afirmando que «el talento humano, las organizaciones de salud respondieron con ciencia, ética y valentía», y que desconocer ese esfuerzo representa «una afrenta moral, un acto de ingratitud y un golpe al corazón de la salud».
El documento también advierte sobre una crisis estructural en el sistema de salud que, según indican, «amenaza la vida de millones de personas». Entre los datos expuestos se mencionan un déficit acumulado superior a 20 billones de pesos, siniestralidad por encima del 100 %, cierres masivos de EPS y prestadores, y un crecimiento en las barreras de acceso y en las tutelas por servicios de salud.
«Más años, menos salud», afirman, al advertir que más de siete millones de colombianos mayores de 60 años enfrentan riesgos crecientes de enfermedad, soledad y dependencia. Asimismo, señalan que «ocho de cada diez adultos mayores sufren dos o más enfermedades crónicas», lo que incrementa las complicaciones y hospitalizaciones.
De acuerdo con el pronunciamiento, más de 30 millones de personas estarían enfrentando los riesgos de un sistema intervenido «sin garantías ni soluciones reales». Citan evidencia que indicaría un aumento del 25 % en la mortalidad asociada a las intervenciones a las EPS, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas.
Entre las consecuencias, mencionan la «fragmentación de las redes de atención», el «deterioro de la calidad, la oportunidad y la continuidad del cuidado», así como el «daño reputacional» que afecta la confianza entre pacientes, familias y el sistema.
En el cuarto punto, los profesionales de la salud destacan como un «hito histórico» la sentencia SU-277/25 de la Corte Constitucional, que declaró ilegal la intervención de EPS Sanitas. Consideran que esta decisión «restablece el Estado Social de Derecho», protege la democracia y reivindica la legalidad frente a decisiones que califican como arbitrarias y sin fundamento técnico ni jurídico.
Finalmente, los firmantes declaran su disposición para asumir un liderazgo en la reconstrucción del sistema de salud. «Nos declaramos listos para asumir el liderazgo ético, técnico y humano que esta crisis exige», y hacen un llamado a los colombianos para proteger la verdad, la dignidad y la vida.
Concluyen con una advertencia: «La salud no puede ser rehén del conflicto político. La vida, la dignidad y la verdad no se negocian».
