La Procuraduría General de la Nación elevó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una solicitud de medida cautelar para suspender los desembolsos económicos del convenio suscrito por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Imprenta Nacional de Colombia y la empresa portuguesa Imprensa Nacional – Casa da Moeda S.A., en el marco del proyecto de modernización y personalización de pasaportes y documentos de viaje.
El documento fue remitido a la Sección Tercera, Subsección C, con ponencia del magistrado José Élver Muñoz Barrera. La petición fue presentada por el procurador delegado preventivo y de control de gestión, Marcio Melgosa Torrado, quien informó que actúa en ejercicio de su competencia para la vigilancia preventiva de la función pública.
En el escrito, la Procuraduría señala que la solicitud de medida cautelar se formula “con sustento en los artículos 229, 230 y 231 de la Ley 1437 de 2011”, y busca que el Tribunal ordene al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores suspender el giro de los recursos asociados al convenio cuestionado. La entidad indica que esta medida se enmarca en el control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dentro de una demanda cuyo objetivo es la declaratoria de nulidad absoluta del contrato estatal.
La Procuraduría pide específicamente la suspensión de los desembolsos definidos en la Cláusula 6, numeral 6.18, la cual establece la obligación de “realizar los desembolsos según los términos y condiciones indicados en la cláusula 11.2 del presente Convenio”. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la firma portuguesa vinculada al proceso son señalados como demandados dentro de la acción.
En el documento enviado al Tribunal, el procurador Melgosa señala que su actuación se deriva del conocimiento del proceso contractual y del análisis preventivo realizado sobre el convenio “para la cooperación y participación en el proceso de transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de modernización y personalización de las libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visas de la república de Colombia”.
La Procuraduría indica que la solicitud de medida cautelar se formula como un mecanismo para evitar la ejecución de obligaciones económicas mientras se define la legalidad del contrato, bajo la figura establecida en el numeral 5 del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011, que faculta al juez a impartir órdenes u obligaciones de hacer o no hacer a las partes del proceso.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá decidir si acoge o no la solicitud de suspensión de desembolsos mientras avanza el trámite de la demanda de nulidad. Según el documento remitido, la solicitud se presenta “comedidamente” y bajo el criterio de prevención sobre eventuales efectos derivados de la ejecución del convenio.
La decisión del Tribunal será determinante para el avance del contrato y el desarrollo del proyecto de modernización del sistema de pasaportes del país, mientras continúa el estudio de fondo sobre la validez del convenio estatal.
