La audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos continuó este lunes con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó al juez de control de garantías no imponer una medida privativa de la libertad contra el exdiputado del Atlántico.
La posición fue expuesta por el procurador delegado Henry Bustos, quien sostuvo que no se configuran los requisitos legales para ordenar su detención mientras avanza el proceso penal.
Durante la diligencia, la Procuraduría se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que pidió enviar a prisión a Petro Burgos al considerar que existiría riesgo para la sociedad, posibilidad de obstrucción a la justicia o eventual evasión del proceso.
Según el ente acusador, estas circunstancias justificarían una medida de aseguramiento intramural en el marco de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de la Gobernación del Atlántico, relacionadas con contratos suscritos en 2021.
El representante del Ministerio Público indicó que, a su juicio, los argumentos expuestos por la Fiscalía no acreditan de manera suficiente dichos riesgos. En su intervención, destacó que Nicolás Petro ha permanecido en libertad durante más de dos años de investigación sin que se registren nuevos señalamientos penales ni incumplimientos frente a las autoridades judiciales. De acuerdo con la Procuraduría, este comportamiento evidencia comparecencia regular ante la justicia y acatamiento de las obligaciones procesales.
Bustos también se refirió a la hipótesis de reincidencia planteada por la Fiscalía. Señaló que las circunstancias personales, políticas y administrativas que rodeaban a Petro Burgos en 2021, cuando habrían ocurrido los hechos investigados, no son las mismas que enfrenta actualmente. En ese sentido, consideró que no existen elementos que permitan concluir que el imputado tenga la capacidad o las condiciones para repetir las conductas que se le atribuyen.
Otro de los puntos abordados por el Ministerio Público fue la posibilidad de fuga. El procurador delegado afirmó que resulta poco probable que Nicolás Petro abandone el país para evadir el proceso judicial, teniendo en cuenta las restricciones que pesan sobre él, entre ellas su inclusión en la denominada lista Clinton, lo que limita de manera significativa su movilidad y sus operaciones financieras a nivel internacional.
En su exposición ante el juez, la Procuraduría reiteró que la imposición de una medida de aseguramiento debe responder a criterios estrictos establecidos en la ley y sustentarse en pruebas claras sobre los riesgos procesales. A juicio del ente de control, en este caso no se acredita que la libertad del procesado represente un peligro para la comunidad, interfiera con la administración de justicia o comprometa el cumplimiento de una eventual condena.
Con la intervención de la Procuraduría, la audiencia entra en una fase decisoria, en la que el juez tendrá que evaluar los argumentos presentados por las partes antes de definir si acoge la solicitud de la Fiscalía o mantiene a Nicolás Petro Burgos en libertad mientras continúa el proceso penal en su contra.
