Contrario a la solicitud de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación solicitó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea declarado inocente en el juicio que enfrenta por los delitos de presunto soborno en actuación penal y fraude procesal. El pedido se conoció al cierre de la primera semana de alegatos finales, en un proceso que ha captado la atención política y judicial del país.
Bladimir Cuadro, delegado del Ministerio Público, intervino ante la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lidera el proceso, pidiendo analizar de manera detallada los siete capítulos que conforman este juicio antes de tomar una decisión de fondo. Según el delegado, la figura del dolo y su diferenciación entre las modalidades directa y eventual, son claves para establecer si existió o no responsabilidad penal.
La Procuraduría sostuvo que, de acuerdo con el análisis de las pruebas presentadas, no se cumplen los elementos necesarios para considerar que las conductas atribuidas a Uribe encajen en las figuras de soborno y fraude procesal. Durante su intervención, Cuadro argumentó que en las escuchas y declaraciones revisadas no se demuestra de forma clara que el exmandatario haya inducido a testigos a cambiar sus versiones o a mentir ante la justicia.
El delegado señaló que el abogado Diego Cadena fue quien se acercó a Uribe para informarle sobre personas privadas de la libertad en Estados Unidos, lo cual, según la Procuraduría, no prueba que el expresidente haya ordenado o promovido la entrega de beneficios a testigos a cambio de declaraciones favorables. El Ministerio Público resaltó que, aunque cuestiona el actuar de Cadena, quien enfrenta cargos en otro proceso por su conducta, esto no implica responsabilidad penal para Uribe.
Entre los casos analizados se encuentran los relacionados con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, Carlos Vélez, Juan Carlos Sierra y Eurídice Cortés, en los cuales, según la Procuraduría, no se evidencia la inducción dolosa necesaria para configurar los delitos imputados.
El Ministerio Público recordó que el principio de “in dubio pro reo” se deriva de la presunción de inocencia, indicando que, ante la ausencia de pruebas claras, corresponde absolver al procesado.
Este concepto se presenta en contravía con la solicitud de condena realizada por la Fiscalía, que modificó su posición inicial de solicitar la preclusión del caso tras la llegada de la fiscal Luz Adriana Camacho. La próxima semana se espera la intervención de la defensa de Uribe, antes de que la jueza tome una decisión sobre el proceso.
