La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 profirió fallo de primera instancia y formuló cargos contra Juan Pablo Ramírez Álvarez, exsecretario de Inclusión Social; Juan Daniel Pulgarín Correa, exsubsecretario de Grupos Poblacionales; y Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, exsubsecretario de Gestión de Bienes, por presunta participación en actividades políticas mientras ocupaban cargos en la Alcaldía de Medellín.
Según la investigación, los hechos se remontan a una reunión realizada el 8 de agosto de 2021 en una casa del barrio El Poblado, donde los funcionarios convocaron a otros servidores públicos, en apariencia, para tratar temas institucionales. No obstante, la Procuraduría concluyó que “el espacio fue usado para promocionar y respaldar la causa del movimiento político ‘Independientes’, mediante la presentación de la Fundación ‘El Futuro se Parece a Nosotros’, e invitar a realizar aportes económicos que permitieran financiar sus actividades”.
A Ramírez Álvarez se le endilgan dos faltas gravísimas: la primera por presuntamente utilizar su cargo para presionar a subalternos a respaldar una causa política, y la segunda por desviar el propósito de sus funciones al promover una organización particular desde su rol público. La Procuraduría aseguró que “utilizó su empleo, su mando y su posición de directivo (…) para presionar al personal subalterno (…) a respaldar una causa política”.
El exsubsecretario Juan Daniel Pulgarín fue acusado de haber solicitado directamente una consignación de 800.000 pesos a la entonces directora técnica de la Unidad de Niñez, María del Pilar Rodríguez Chona, quien denunció que esa presión la llevó a presentar su renuncia. La actuación fue calificada como uso de su cargo para fines ajenos a la ley y la función pública.
Por su parte, Fredy Agudelo Bolívar enfrenta un cargo por facilitar la logística del encuentro, prestando el inmueble donde se realizó la reunión y recogiendo los teléfonos celulares de los asistentes “para evitar registros del encuentro”, según el expediente. La Procuraduría calificó esa conducta como un uso indebido de sus potestades, aunque la defensa alegó que el lugar no era propiedad del Estado y que Agudelo no actuó como funcionario en ese contexto.
“Huérfana de prueba estuvo la imputación”, alegó la defensa de Agudelo, insistiendo en que “la casa y la caja donde se depositaron los celulares no eran bienes fiscales” y que su cliente no utilizó sus funciones públicas para ese evento.
La defensa de Ramírez sostuvo que la única prueba en su contra es la declaración de Rodríguez Chona, la cual fue cuestionada por su posible sesgo tras su salida del cargo. “No hubo campaña política vigente ni presión a los asistentes, ni uso indebido del cargo”, se argumentó.
El proceso disciplinario fue asumido por la Procuraduría General de la Nación en virtud del poder preferente y seguirá su curso hasta que se emita la decisión definitiva. Entre tanto, el caso vuelve a poner bajo escrutinio el entorno político de la administración del exalcalde Daniel Quintero, señalado de instrumentalizar la estructura pública para favorecer su movimiento político.
Con base a lo anterior, el concejal de Medellín, Andrés «El Gury» Rodríguez, aseguró que: «Al pequeño demonio le llegó la justicia, por fin, creyó que iba a pasar de agache y que no le iba a pasar nada: Juan Pablo Ramírez Lleve sus 14 AÑOS DE INHABILIDAD para que no robe en ninguna otra parte, ojalá esto también resulte en una imputación en Fiscalía. Totalmente desmantelada la BACRIM DEL PINTURISMO Daniel Quintero Calle.. y cayeron otros 2 bandidos mas…»
