La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto sobre el informe entregado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto a la intervención de la empresa de energía Air-e, en el que señala que el documento no contiene los elementos necesarios para sustentar adecuadamente las acciones adoptadas.
Según el Ministerio Público, los representantes de la Superintendencia dejaron “más dudas que respuestas” al no presentar claridad sobre el expediente administrativo que dio origen a la intervención, ni sobre los resultados obtenidos desde entonces.
En el concepto se indica que el informe carece de argumentos precisos y no incluye información financiera consolidada, lo cual dificulta la evaluación de la legalidad y efectividad del proceso. “Tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida”, agregó la Procuraduría.
El órgano de control señaló que no se ha presentado un plan definitivo para garantizar la prestación permanente y eficiente del servicio, ni se cuenta con indicadores que midan los impactos generados por la medida adoptada. La Procuraduría advirtió además que esta situación genera incertidumbre frente al cumplimiento de los fines de la intervención.
Por su parte, la Contraloría General de la República manifestó que no ha recibido información clave por parte de la empresa intervenida, lo que impide ejercer el control fiscal correspondiente. Según se informó, esta omisión limita la verificación sobre el uso adecuado de los recursos públicos y obstaculiza la vigilancia de los actos ejecutados por el agente especial.
En recientes declaraciones, el superintendente de Servicios Públicos reconoció que no ha recibido los estados financieros de la empresa Air-e intervenida, a pesar de que han transcurrido más de siete meses desde la toma de posesión. Esta afirmación fue registrada como un hecho relevante por los órganos de control, dada su implicación directa sobre la responsabilidad en la supervisión de la empresa.
En relación con la administración de la empresa, fuentes han señalado que el actual ministro de Minas, Edwin Palma, quien fue interventor de Air-e, estaría vinculado indirectamente a la gestión actual de la intervención. Según esas versiones, la administración se estaría llevando a cabo a través del Secretario General del Ministerio, quien también ocupó el mismo cargo en Air-e durante la intervención.
Adicionalmente, se mencionan presuntos problemas de gestión relacionados con la actualización de datos en el Sistema Único de Información (SUI), plataforma oficial para la supervisión del sector. De acuerdo con los reportes, estos inconvenientes datan del período en que Palma estuvo al frente de la empresa.
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