La Procuraduría General de la Nación emitió este lunes una advertencia sobre una posible crisis en la producción y entrega de pasaportes, tras detectar vacíos documentales en el proceso de contratación entre la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia.
La alerta se presenta en medio de largas filas y retrasos en la expedición del documento, situación que ha generado preocupación entre los usuarios del servicio consular en distintos puntos del país.
Según el ente de control, no se conocen los estudios técnicos previos ni los documentos precontractuales requeridos por la ley para avanzar en la firma del convenio anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En su lugar, solo reposan estudios elaborados para contratar con un aliado público internacional, lo cual fue considerado por la entidad como una situación que podría afectar la legalidad y continuidad del proceso.
El anuncio de la Procuraduría surge después de que el Gobierno Nacional comunicara que la Imprenta Nacional de Colombia sería la nueva entidad encargada de asumir el suministro de pasaportes. No obstante, el órgano de control advirtió sobre las implicaciones logísticas y jurídicas de este cambio, en especial por la proximidad del vencimiento del contrato actual.
De acuerdo con el informe presentado, quedan menos de 290.000 libretas disponibles bajo el contrato vigente, que finaliza el 31 de agosto de 2025. Ante esta situación, la Procuraduría señaló un “alto riesgo de desabastecimiento”, debido a la falta de información clara sobre la entidad responsable de asumir el servicio a partir del 1 de septiembre.
Adicionalmente, se cuestionó si el actual contratista, Thomas Greg & Sons, podría continuar de forma transitoria bajo una figura de urgencia manifiesta. Según el ente de control, no hay constancia de consulta o notificación formal que avale esa posibilidad, lo cual dejaría el servicio en un escenario de incertidumbre administrativa.
Otro aspecto destacado en la advertencia es la ausencia de claridad sobre la autoridad que firmó el convenio. El documento fue suscrito por la secretaria general encargada de la Cancillería, sin que se conozcan las razones o el acto administrativo que la habilita para asumir esa responsabilidad en lugar de la ministra de Relaciones Exteriores.
El caso involucra además a varios altos funcionarios del actual Gobierno. La Procuraduría mantiene abiertas investigaciones disciplinarias contra los exministros Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como contra Alfredo Saade, jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, por presunta extralimitación de funciones en decisiones relacionadas con la expedición de pasaportes.
En su comunicado, la Procuraduría recordó que la Imprenta Nacional de Colombia ya ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación para la elaboración de cédulas de extranjería, proceso que también se llevó a cabo a través de un tercero internacional, amparado en el régimen especial que regula las contrataciones de dicha entidad.
