La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras las expresiones que dirigió a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien calificó públicamente como “loca” y “delincuente”.
El Ministerio Público busca determinar si el alto funcionario vulneró normas disciplinarias al realizar estos señalamientos.
El incidente se originó durante el allanamiento efectuado por la magistrada Lombana en la residencia de Benedetti en Puerto Colombia, Atlántico, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de la Cartera cuestionó la competencia de la Corte Suprema para adelantar el procedimiento y señaló que se vulneraron sus derechos. En sus declaraciones, Benedetti aseguró que ha denunciado a la Magistrada por lo que calificó como un “acoso judicial” en su contra.
Tras la diligencia, el ministro publicó varios mensajes en la red social X, en los que pidió a la Corte garantizar sus derechos y manifestó que la actuación de la Magistrada estaría viciada. En declaraciones a medios de comunicación, Benedetti reiteró sus calificativos contra Lombana y afirmó que el proceso responde a motivaciones personales.
El exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, solicitó a la Procuraduría que suspenda de manera provisional a Benedetti mientras avanza la investigación. En su petición, dirigida al procurador general Gregorio Eljach, argumentó que las declaraciones de Benedetti vulneran el principio de independencia judicial y afectan la colaboración armónica entre las ramas del poder público. Enciso sostuvo que, en su calidad de ministro del Interior, Benedetti podría influir en la actuación de funcionarios judiciales y obstaculizar procesos en curso.
Según el abogado, las expresiones del jefe de la Cartera constituyen una falta de respeto hacia la Magistrada y podrían configurar no solo faltas disciplinarias, sino también eventuales delitos como injuria y calumnia. Juristas han señalado que este tipo de declaraciones públicas podrían tener implicaciones legales adicionales si se demuestra que incitan al descrédito de una autoridad judicial.
La investigación que originó el allanamiento corresponde a un caso de presunto enriquecimiento ilícito relacionado con un apartamento de 1.600 millones de pesos adquirido por Benedetti tras un préstamo del contratista Euclides Torres. Este expediente avanza desde 2021 como una investigación formal en el despacho de la magistrada Lombana.
El ministro enfrenta además otros procesos en la Corte Suprema, entre ellos el caso Fonade, actualmente en etapa de juicio. En el marco de estas diligencias, Benedetti ha insistido en que los procedimientos judiciales en su contra obedecen a motivaciones políticas. La Procuraduría tendrá que determinar ahora si las declaraciones del ministro constituyen una falta disciplinaria y si procede su suspensión mientras avanza el proceso.
