Una nueva controversia jurídica rodea al Gobierno nacional tras conocerse que la defensa del proceso iniciado sobre la operación del Canal 1 le costará al Estado colombiano cerca de 700 millones de pesos. El caso, que se encuentra actualmente en instancias judiciales, se originó luego de que la administración del presidente Gustavo Petro impulsara acciones que distintos sectores han interpretado como un intento de expropiación o reversión de una concesión previamente adjudicada de manera legal.
Según se ha conocido, la decisión gubernamental derivará en demandas contra la Nación, al considerar los afectados que se vulneraron principios básicos de la contratación pública y la seguridad jurídica. Como resultado, el Estado deberá asumir los costos de su defensa en los estrados, una cifra que ha generado críticas desde sectores políticos y económicos por el impacto que tendría sobre los recursos públicos.
Voces desde el Congreso y la oposición han señalado que este episodio se suma a otros precedentes recientes en los que el Ejecutivo ha intervenido en procesos contractuales ya definidos con muy malos resultados para el Estado. Uno de los casos más citados es el de la firma Thomas Greg & Sons, relacionada con la producción de pasaportes, donde también se cuestionó la decisión del Gobierno de modificar o desconocer una licitación previamente adjudicada.
Para estos sectores, las actuaciones del Ejecutivo reflejan un patrón de decisiones unilaterales que, más allá del debate político, terminan trasladando riesgos jurídicos y financieros al Estado. En el caso específico de Canal 1, advierten que la disputa no solo compromete recursos públicos en defensa judicial, sino que también podría derivar en eventuales indemnizaciones si los tribunales fallan en contra de la Nación.
Algunos congresistas y analistas han expresado su preocupación por el trasfondo del conflicto. A su juicio, el interés del Gobierno por incidir en medios de comunicación estratégicos podría estar relacionado con el contexto político y electoral que se avecina en el país. Sin embargo, desde el Ejecutivo no se ha reconocido oficialmente que exista un propósito de control editorial o uso político del medio, aunque voces cercanas a la parte afectada, señalan que hay intención del Gobierno Petro en entregarlo a amigos del presidente.
El exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, ha advertido públicamente sobre los riesgos jurídicos que, según él, asume el Estado al desconocer contratos vigentes. En su opinión, este tipo de decisiones expone a la Nación a demandas costosas y afecta la confianza de inversionistas y operadores privados en las reglas de juego.
Mientras el proceso avanza en los tribunales, el debate sigue abierto. Para unos, se trata de una defensa del interés público; para otros, de una actuación que podría tener consecuencias fiscales y jurídicas de largo alcance. Lo cierto es que, por ahora, los colombianos ya asumen un costo significativo en la defensa del Estado, en un escenario que continúa generando cuestionamientos sobre el manejo de la contratación pública y el respeto por la institucionalidad.
