La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes 30 de enero la presentación de una ley de amnistía general para personas detenidas por motivos políticos desde 1999 hasta la fecha.
La medida, que fue divulgada durante un acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, generó reacciones inmediatas de organizaciones de derechos humanos, familiares de presos y actores políticos, al considerarse un paso histórico hacia la reconciliación nacional.
En su discurso, Rodríguez aseguró que la ley sería enviada a la Asamblea Nacional, liderada por su hermano Jorge Rodríguez, y pidió que se aprobara con urgencia.
La mandataria indicó que la iniciativa buscaba reparar las heridas dejadas por la confrontación política, fomentar la convivencia y garantizar la paz en el país.
Al mismo tiempo, pidió a los beneficiarios de la medida a no actuar con venganza ni odio: “Pido en nombre de los venezolanos que no se imponga la revancha, la venganza ni el odio”, expresó.
El anuncio incluyó además la transformación del Helicoide, símbolo de la represión política en Venezuela, en un centro social, deportivo y cultural para la comunidad y la familia policial.
Sobre el lugar, cabe mencionar que había sido denunciada durante décadas por torturas y detenciones arbitrarias, y desde enero 2026 comenzó la excarcelación de cerca de 300 presos bajo la medida, mientras se esperaba que la futura ley beneficiara a cientos más.
Estas medidas se han dado de forma paulatina tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos el pasado 3 de enero, por parte del gobierno chavista como una muestra de “voluntad” de transición.
Tras el anuncio, el Foro Penal, organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, se pronunció públicamente sobre la medida. En su comunicado, recibió el anuncio “con optimismo, pero con cautela”, y destacó que la amnistía debía contribuir a la justicia, la libertad, la paz y la reconciliación nacional. Sin embargo, advirtió que su efectividad dependería de que se cumplieran ciertos criterios fundamentales.
Entre ellos, la organización pidió que la ley incluyera la participación activa de la sociedad civil, de las ONG de derechos humanos y de las víctimas de prisión y persecución política en su redacción, aplicación y seguimiento.
Además, enfatizó que la amnistía no debía incluir a quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos ni crímenes de lesa humanidad, y que debía garantizar la “no repetición” de los abusos que motivaron las detenciones políticas.
La organización recordó que habían promovido propuestas de amnistía en diversas ocasiones anteriores, en 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y a comienzos de 2026, por lo cual, ofreció su experiencia para colaborar con el Estado y la sociedad civil en la elaboración de la nueva ley.
Foro Penal también pidió que, mientras se discutía la aprobación del proyecto, continuara el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos aún detenidos arbitrariamente.
