El presidente Gustavo Petro realizó una serie de señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a las que atribuyó un impacto fiscal estimado en cerca de 8 billones de pesos.
Las declaraciones fueron hechas durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, en la que también participaron el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt; y la directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), Eva Carolina Madrid.
El mandatario vinculó estas denuncias con el asesinato de Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en Tuluá, al señalar que el crimen es objeto de análisis dentro de una investigación más amplia relacionada con redes de contrabando que operarían desde el interior de la entidad. Según explicó, la información recabada ha sido trasladada a la Fiscalía General para establecer responsabilidades y verificar los alcances de los hechos.
Petro sostuvo que los sistemas informáticos utilizados para el control de importaciones, declaraciones tributarias y recaudo estarían siendo manipulados para evadir los filtros institucionales.
En ese contexto, afirmó que el software empleado por la DIAN permitiría la alteración de registros con el fin de facilitar el ingreso irregular de mercancías y la evasión de impuestos. De acuerdo con sus declaraciones, estas prácticas responderían a una asociación para delinquir que actuaría con apoyo interno y externo.
Por su parte, la directora de la ITRC, Eva Carolina Madrid, entregó detalles de los hallazgos obtenidos tras 29 inspecciones adelantadas desde 2022 en distintas dependencias de la DIAN. Señaló que se identificaron modificaciones en los sistemas informáticos Syga, Muisca y Lucía, mediante las cuales se habrían cambiado NIT de empresas y credenciales de funcionarios para permitir operaciones sin control.
Indicó que existen al menos 116 funcionarios y 120 personas externas bajo investigación, además de registros de usuarios fallecidos que aparecían realizando trámites aduaneros.
Entre las irregularidades mencionadas también figuran la venta ilegal de cuentas de acceso, fallas en los procesos de selectividad de mercancías, anomalías en remates de bienes por inactividad procesal y presuntas manipulaciones en el Registro Único Tributario para permitir el ingreso de materiales sin supervisión, incluidos insumos del sector minero.
A esto se suman devoluciones de IVA que, según la ITRC y el Ministerio de Hacienda, habrían aumentado de manera significativa por debilidades en los sistemas, con montos que superan los 42.000 millones de pesos.
El presidente reiteró que la información recopilada fue remitida a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República. También manifestó que la DIAN y el sistema aduanero requieren cambios estructurales que, según explicó, dependen de decisiones legislativas. En ese marco, volvió a plantear la posibilidad de acudir a mecanismos excepcionales para impulsar una reforma integral del modelo de control y recaudo del Estado.
