El presidente del Senado, Lidio García, se pronunció luego de que el Gobierno nacional expidiera el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual se deroga la prima especial de servicios que venían recibiendo los miembros del Congreso de la República.
A través de declaraciones públicas, García señaló que el presidente Gustavo Petro recibió durante cerca de 20 años la prima de servicios en su etapa como congresista sin manifestar inconformidad. Indicó que el mandatario la cobró mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona y sostuvo que el decreto no corresponde a una política de austeridad, sino a lo que considera un mensaje interpretado como un castigo político frente a un Congreso que decidió mantener su independencia del Ejecutivo.
El presidente del Senado afirmó que, pese a estas consideraciones, el Congreso acata la decisión adoptada por el Gobierno en respeto al Estado de Derecho. Añadió que la independencia del Legislativo no es objeto de negociación ni de sanción y que el Congreso continuará con su labor legislativa y de control político, en el marco del sistema democrático.
El Decreto 0030 de 2026 establece que la derogatoria de la prima especial de servicios aplicará a los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026. La medida quedó formalizada con la publicación del acto administrativo, el cual fue firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragán Beltrán.
De acuerdo con el contenido del decreto, la decisión deroga de manera expresa el Decreto 2170 de 2013, norma que había reemplazado las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por una prima especial de servicios. Este beneficio se reajustaba anualmente y constituía factor salarial para la liquidación de otras prestaciones, entre ellas la prima de servicios y la prima de Navidad.
Según la normativa ahora derogada, la prima especial de servicios representaba un ingreso adicional que superaba los 16 millones de pesos mensuales. En los considerandos del decreto, el Gobierno señala que la revisión del régimen remuneratorio se sustenta en la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativo del Estado, así como en la necesidad de garantizar principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad.
