El presidente del Consejo de Estado, magistrado Alberto Montaña Plata, expresó su preocupación por lo que calificó como intentos de manipulación de decisiones judiciales y por la seguridad de los magistrados, luego de la controversia generada por la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo en Colombia.
En declaraciones a un noticiero nacional, Montaña Plata explicó que la Comisión Interinstitucional, que reúne a los presidentes de las altas cortes y a la Fiscal General, decidió emitir un comunicado ante lo que consideran reacciones que van más allá del debate jurídico. Según indicó, la corporación ha percibido no solo cuestionamientos legítimos, sino también interpretaciones que distorsionan el alcance de las decisiones adoptadas por los jueces.
El magistrado, quien lleva más de siete años en el alto tribunal, recordó que los fallos judiciales suelen tener efectos políticos, económicos y sociales, lo que naturalmente genera posiciones encontradas en un Estado democrático. No obstante, subrayó que existen canales procesales establecidos para controvertir las decisiones, y que cualquier desacuerdo debe tramitarse por esas vías sin afectar la independencia judicial.
Montaña Plata aclaró que la suspensión provisional del decreto no implicó una reducción del salario mínimo ni una decisión de fondo sobre el porcentaje de aumento. Indicó que el Consejo de Estado no actúa en contra de trabajadores ni de empleadores y que el análisis realizado respondió a criterios jurídicos relacionados con el procedimiento y la fundamentación del acto administrativo.
En relación con la convocatoria a manifestaciones realizada por el presidente Gustavo Petro tras conocerse el fallo, el magistrado afirmó que el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución. Sin embargo, advirtió que cuando las movilizaciones afectan la independencia de los jueces o comprometen su seguridad, la situación se torna preocupante.
Como ejemplo, mencionó que en días recientes se registraron marchas que impactaron la movilidad y el funcionamiento de despachos judiciales, lo que impidió que algunos magistrados y jueces del contencioso administrativo pudieran salir de sus lugares de trabajo.
El presidente del Consejo de Estado hizo un llamado a la ciudadanía para que respete la autonomía de la Rama Judicial y permita que las controversias se tramiten por los mecanismos legales previstos. Reiteró que la independencia judicial es un pilar del Estado de derecho y que cualquier presión externa puede afectar el normal desarrollo de las funciones jurisdiccionales.
La Comisión Interinstitucional, en su pronunciamiento conjunto, insistió en la necesidad de preservar la institucionalidad y garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen la función judicial en el país.
