La empresa de energía Air-e, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, enfrenta una nueva controversia tras el nombramiento de dos altos directivos con antecedentes cuestionables.
Los nombramientos fueron realizados bajo la administración del agente especial Edwin Palma, lo que ha generado preocupación en diversos sectores.
Entre los nuevos directivos se encuentra Germán Darío Londoño Montalvo, designado como jefe de la división de Ventas y Comercio. Londoño fue mencionado en el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, después de que salieran a la luz conversaciones entre Nicolás y su exesposa, Daysuris Vásquez.
En dichas conversaciones, Londoño aparecía relacionado con el escándalo de presunta financiación irregular, incluso siendo incluido en el organigrama del caso por la Fiscalía General de la Nación.
Vásquez, en una declaración a través de redes sociales, aseguró que fue Nicolás Petro quien introdujo a Londoño en este entramado, complicando aún más su situación.
El otro nombramiento cuestionado es el de Diego Armando Acosta Osorio, designado como secretario general de Air-e. Acosta tiene antecedentes disciplinarios, incluyendo una suspensión de 12 meses en 2020 por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La sanción se debió a la falta de control en la legalización de viáticos durante su tiempo como secretario general de la Alcaldía de Barrancabermeja, Santander, entre 2016 y 2018. Además, en 2019, enfrentó un proceso de responsabilidad fiscal en su contra mientras era gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja (EDUBA).
Pese a estos antecedentes, ambos funcionarios tienen experiencia en sus respectivos campos, Londoño cuenta con más de siete años en el sector energético, mientras que Acosta tiene una trayectoria de casi una década en el sector público.
No obstante, las críticas se han intensificado, especialmente porque estos nombramientos ocurren en medio de los anuncios de incrementos en las tarifas de energía y a menos de tres meses de la intervención estatal.
Este medio intentó obtener respuestas de Air-e sobre las razones detrás de estas designaciones, pero no recibió comentarios por parte de la empresa. Mientras tanto, crece la presión pública para que se explique cómo estos antecedentes se alinean con los criterios de idoneidad y transparencia que deberían regir una entidad intervenida.
