Al cumplirse un año de la sanción de la ley contra el hambre en Colombia, la representante a la Cámara Saray Robayo Bechara presentó un balance del impacto de esta norma y reiteró su llamado a fortalecerla con más inversión, alianzas intersectoriales y vigilancia sobre los incentivos que promueve.
La norma, aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Gustavo Petro en junio de 2024, tiene como objetivo fomentar la donación de alimentos por parte del sector privado, evitar el desperdicio y contribuir a la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
En su primer año de implementación, los Bancos de Alimentos del país reportaron la recuperación de 48.000 toneladas de comida, que fueron distribuidas entre más de 1,4 millones de personas.
De acuerdo con la autora de la iniciativa, “la ley ha permitido establecer un marco legal que comienza a traducirse en acciones concretas en los territorios”. Sin embargo, reconoció que aún hay un amplio margen de mejora para lograr la meta de beneficiar a cinco millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
Según cifras presentadas por Robayo Bechara, cerca del 34% de los alimentos que se producen en Colombia se pierden o terminan desechados, mientras más de 21 millones de personas padecen algún grado de inseguridad alimentaria. La representante afirmó que la ley no resuelve de forma directa el problema del desperdicio, pero crea las condiciones normativas para que esos alimentos lleguen a quienes más los necesitan.
La congresista citó un informe reciente de la Global Foodbanking Network, en el que se destaca el papel de Colombia en la región gracias al avance normativo en materia de donación y recuperación de alimentos.
Durante su intervención, Robayo insistió en que el cumplimiento de los objetivos de la ley requiere mayor articulación entre el sector privado, los gremios, los bancos de alimentos y la sociedad civil. También reiteró la necesidad de divulgar los beneficios tributarios que contempla la norma, para que más empresas se vinculen activamente a los programas de donación.
“El reto está en convertir cada incentivo legal en una acción efectiva. Cada producto rescatado representa una oportunidad para disminuir la brecha alimentaria en el país”, señaló.
Finalmente, la representante del Partido de la U hizo un llamado a fortalecer la implementación de la ley mediante una mayor inversión estatal, uso de tecnologías para la trazabilidad de alimentos, programas de educación alimentaria y control sobre la correcta aplicación de los beneficios fiscales. Añadió que la lucha contra el hambre debe reflejarse en el impacto real sobre las comunidades y que el camino hacia el hambre cero requiere continuidad, seguimiento y compromiso institucional.
