El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció tras la decisión judicial que ordenó el envío a prisión de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, procesados por hechos relacionados con el desvío de recursos públicos en la UNGRD y el Invías.
El jefe de Estado abordó el tema durante un encuentro con la directora de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, Eva Carolina Madrid, en el que se refirió al alcance del escándalo y a las dinámicas internas que, según afirmó, persisten en algunas entidades del Estado.
La reacción presidencial se produjo luego de que el Tribunal Superior de Bogotá, por decisión de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, impusiera a los exministros una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria.
La magistrada consideró que, dada la naturaleza de los hechos investigados, el riesgo no estaba asociado a la posibilidad de fuga, sino a la capacidad de articulación y coordinación dentro de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública.
Durante su intervención, Petro se refirió a las investigaciones que involucran a los exfuncionarios y recordó que meses atrás había expresado una postura distinta frente a las acusaciones. En esta ocasión, el mandatario hizo alusión a advertencias previas relacionadas con posibles escenarios de extorsión y reiteró que estos aspectos hacen parte de un proceso que se encuentra en manos de las autoridades judiciales.
El presidente centró parte de su pronunciamiento en la figura de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien se convirtió en uno de los principales testigos dentro del proceso penal que salió a la luz pública en febrero de 2024.
Según Petro, López representó un punto clave dentro del entramado investigado, al vincularse con estructuras que, de acuerdo con su relato, ya operaban al interior de la entidad antes de su llegada al Gobierno.
En sus declaraciones, el jefe de Estado explicó que tuvo contacto previo con López en el contexto de campañas electorales y señaló que las prácticas irregulares en la UNGRD no surgieron recientemente, sino que se venían presentando desde administraciones anteriores.
Petro también sostuvo que el mantenimiento de estos esquemas se explica, en parte, por la continuidad de prácticas institucionales y por el contexto político en el que se desarrollan. En ese sentido, expresó que uno de los mayores problemas radica en que funcionarios del actual Gobierno, en lugar de desmontar redes preexistentes, habrían terminado utilizándolas, situación frente a la cual afirmó que no habrá tolerancia.
Finalmente, el mandatario reconoció la dificultad de identificar conductas corruptas antes de que las personas accedan a cargos de poder. En sus palabras, indicó que no siempre es posible anticipar ese tipo de comportamientos y que, en algunos casos, quienes llegan al servicio público lo hacen con intenciones distintas a las que terminan manifestando en el ejercicio de sus funciones.
El pronunciamiento se dio en medio de un proceso judicial que ha sido catalogado como uno de los más amplios en materia de corrupción administrativa, con montos que, según las investigaciones, podrían alcanzar cifras cercanas a 1,2 billones de pesos.
