La muerte de un niño de siete años con hemofilia generó una controversia institucional luego de que Petro hiciera públicos apartes de su historia clínica durante pronunciamientos del Gobierno nacional.
El caso, que inicialmente estuvo marcado por denuncias de su familia sobre presuntas fallas en la entrega de medicamentos, pasó a un escenario de debate jurídico tras la divulgación de información médica reservada.
Petro leyó en un acto público en La Guajira, un informe relacionado con la atención médica del menor y señaló que el fallecimiento se produjo tras un accidente en bicicleta que derivó en un trauma craneoencefálico.
Durante su intervención indicó que existía un documento firmado por la madre en el que se rechazaba un procedimiento quirúrgico. Posteriormente, un comunicado de Nueva EPS detalló la ruta de atención y sostuvo que el evento determinante fue una lesión cerebral ocasionada por el accidente.
La publicación de esos datos provocó reacciones de exfuncionarios, organizaciones del sector salud y familiares del menor. El exfiscal general Francisco Barbosa afirmó que la divulgación de la historia clínica puede constituir un delito, al señalar que el Código Penal sanciona la violación de datos personales contenidos en archivos médicos. Según explicó, este tipo de información tiene carácter reservado, especialmente cuando se trata de menores de edad.
El informe de la EPS indica que, tras un análisis multidisciplinario, la institución médica consideró que una intervención quirúrgica implicaba riesgos elevados y que se optó por manejo médico de soporte. La familia del niño ha sostenido que el menor llevaba semanas sin recibir un medicamento esencial para el tratamiento de la hemofilia y que su atención estuvo sujeta a trámites administrativos antes del traslado a un centro de mayor complejidad.
Organizaciones médicas señalaron que el debate central del caso no se limita a la cirugía, sino a la disponibilidad de tratamientos para enfermedades huérfanas. A su vez, familiares del menor cuestionaron la circulación pública de la historia clínica y manifestaron que desconocen si existió autorización formal para su divulgación.
El aspirante a la Cámara Daniel Briceño anunció acciones legales contra la EPS por la entrega de documentos médicos.
En paralelo, la Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, indicó que el sistema de salud tenía responsabilidad en la atención del menor y llamó a revisar los procedimientos institucionales para evitar situaciones similares.
La Fiscalía abrió una indagación para establecer eventuales responsabilidades penales o administrativas relacionadas con la muerte del niño y con la difusión de su información clínica. Mientras avanza la investigación, el caso continúa generando pronunciamientos de distintos sectores sobre la protección de datos médicos y la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.
