La Presidencia de la República presentó una recusación contra siete magistrados de la Corte Constitucional que participaron en la suspensión provisional del decreto que declaró la emergencia económica y social expedido por el Gobierno nacional. La solicitud busca apartarlos del estudio de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, mientras avanza el control automático ante el alto tribunal.
El escrito fue firmado por Augusto Alfonso Ocampo Camacho, secretario jurídico de la Presidencia, y se sustenta en los artículos 25 a 31 del Decreto 2067 de 1991. En el documento se solicita que los magistrados Paola Meneses, Carlos Camargo, Natalia Cabo, Héctor Carvajal, Lina Escobar, Vladimir Fernández y Miguel Rozo no participen en la deliberación, al considerar que estarían directamente afectados por una de las disposiciones incluidas en la declaratoria de emergencia.
Según la argumentación de la Presidencia, el decreto amplía la base gravable del impuesto al patrimonio al reducir el umbral de 72.000 a 40.000 UVT. De acuerdo con el texto de la recusación, los magistrados señalados tendrían patrimonios iguales o superiores a ese límite, lo que, en criterio del Ejecutivo, configuraría un interés directo en la norma objeto de control. Con anterioridad, la Presidencia también había recusado al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, dentro del mismo proceso.
La suspensión del decreto fue adoptada como medida cautelar mientras la Corte emite una decisión definitiva. Tras conocerse la recusación, Petro se pronunció a través de su cuenta de X, donde sostuvo que la suspensión no debía producirse antes del fallo de fondo. En su mensaje calificó la decisión como una actuación que, en su criterio, afecta el orden constitucional.
En la misma intervención pública, el mandatario cuestionó actuaciones recientes del Consejo Nacional Electoral relacionadas con procesos de inscripción de candidaturas y con la personería jurídica de movimientos políticos. Señaló que esas determinaciones tendrían efectos sobre derechos fundamentales vinculados a la participación política y pidió a la ciudadanía acudir a acciones de tutela para su protección.
Mientras la Corte continúa el estudio del decreto, distintos sectores han solicitado que la norma sea declarada inexequible. Entre esos pronunciamientos se encuentra el del Consejo Gremial Nacional, cuya presidente, Natalia Gutiérrez Jaramillo, manifestó que la declaratoria de emergencia no cumpliría los requisitos formales ni materiales exigidos por la Constitución.
Según su posición, el decreto se basaría en circunstancias estructurales que no corresponderían al estándar previsto para este tipo de medidas excepcionales. La Corte Constitucional tendrá que resolver tanto las recusaciones presentadas como el control del decreto, en un proceso que continúa en trámite dentro del calendario del tribunal.
