En un nuevo pronunciamiento sobre la política agroindustrial, el presidente Gustavo Petro cuestionó el actual modelo de comercialización del arroz en Colombia y reiteró su propuesta para fortalecer a los productores directos a través de cooperativas regionales con respaldo financiero del Estado.
“La discusión arrocera es: ¿quién es el dueño de la industrialización del arroz?”, planteó el mandatario, al señalar que si los agricultores no controlan el proceso de industrialización, se ven sometidos a un “monopsonio”, es decir, a un sistema en el que un grupo reducido de compradores —en este caso, los molineros— impone un precio por debajo del valor justo de mercado.
Petro acusó a un “cartel de molineros” de fijar las condiciones de compra en detrimento de los cultivadores. “Si no son los productores directos, les imponen un monopsonio, es decir un precio de monopolio desde la demanda”, sostuvo.
Frente a esta situación, el jefe de Estado aseguró que desde el inicio de su gobierno se planteó una alternativa para transformar la cadena de valor del arroz en beneficio de quienes lo siembran: “Ponemos todo nuestro apoyo financiero en romper el cartel monopsónico”, dijo.
La propuesta del gobierno consiste en que los arroceros se organicen en cooperativas por regiones. A esas asociaciones, el Banco Agrario les entregaría recursos con tasas de interés subsidiadas y garantías para construir sus propias plantas molineras. El objetivo es que “sean propiedad de los productores directos” y que así se elimine la posibilidad de manipular el precio del arroz en verde.
Según Petro, este modelo permitiría que los campesinos no dependan del valor impuesto por los compradores tradicionales, sino que ganen también por el arroz ya industrializado: “Ganarían no por el precio del arroz verde, sino del arroz blanco”.
