El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra la Junta Directiva del Banco de la República en su quinto Consejo de Ministros televisado, lanzando duras críticas contra los miembros del emisor por mantener la tasa de interés en el 9,5%.
Según el mandatario, la decisión impide el crecimiento económico y contradice una sentencia de la Corte Constitucional que ordena armonizar el control de la inflación con la generación de empleo.
En su intervención, Petro señaló que la política del banco central va en contra de la recuperación de la industria y la agricultura. “El Banco de la República debe informarle al pueblo por qué no bajó la tasa de interés si está controlada la inflación”, afirmó, agregando que la reciente variación en los precios responde a “la especulación del gas” y no a presiones inflacionarias globales.
Uno de los blancos principales del mandatario fue Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República. Petro recordó que su llegada a la entidad fue impulsada por el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo y lamentó que no se haya alineado con las políticas del Gobierno.
“La delegada que yo puse no apoyó las decisiones del gobierno”, insistió el Presidente, dejando entrever que su nombramiento implicaba una expectativa de lealtad a su administración.
Además, el jefe de Estado aseguró que la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República está vinculada políticamente al uribismo y que sus decisiones obedecen a intereses ajenos a las necesidades económicas del país.
“La mayor parte de la junta directiva del Banco de la República es uribista”, declaró Petro, sugiriendo que la postura del emisor responde a una agenda política en lugar de criterios técnicos.
El Consejo de Ministros también sirvió para que el Presidente reiterara su intención de impulsar medidas contra lo que calificó como “especulación” en el sector energético. En ese sentido, instruyó al Ministerio de Minas y al Superintendente de Servicios Públicos a intervenir ante el alza en los precios del gas.
Mientras Petro sostiene que la entidad debe actuar en favor de la economía real, sectores advierten que sus señalamientos pueden poner en riesgo la autonomía del banco central, una garantía institucional para la estabilidad macroeconómica del país.
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