El presidente Gustavo Petro utilizó la alocución presidencial del pasado martes 15 de julio para insistir en su narrativa sobre el sistema de salud en Colombia, al señalar nuevamente a las EPS como responsables del colapso financiero del sector, y advertir que, si no se aprueba una nueva ley de financiamiento, el Estado colombiano se encamina a la quiebra.
En un discurso cargado de cifras y ataques directos a empresas privadas y exfuncionarios de su propio gabinete, el mandatario anunció la ampliación de las intervenciones a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Durante su intervención, Petro contradijo el informe entregado por la Contraloría General de la República, que establece la deuda de las EPS con IPS en 32,9 billones de pesos.
Según el jefe de Estado, la cifra real superaría los 100 billones, debido a que el informe no calculó la inflación ni el comportamiento acumulado. Sin mostrar los detalles de los cálculos o una metodología distinta a la oficial, afirmó que «la Ley 100 y los gobernantes que la defienden le han quitado al sistema de salud 100 billones de pesos».
Con base en datos presentados por la Dirección de Liquidaciones y Garantías de la ADRES, Petro afirmó que desde 2023 se han destinado más de 200 billones al aseguramiento en salud, y que solo en UPC las EPS han recibido 87,8 billones.
Sin embargo, acusó a estas entidades de no reportar 2,71 billones de esos recursos y lanzó una nueva ofensiva contra la firma española Keralty, dueña de la EPS Sanitas. Anunció que hablará del tema con el rey de España y calificó de «criminal» al empresario al frente de ese grupo.
La intervención también sirvió como plataforma para defender las intervenciones en EPS. Petro aseguró que la deuda de seis de las ocho entidades intervenidas disminuyó en 707.852 millones de pesos. No hizo mención del informe de «Así Vamos en Salud», que con base en cifras de la Supersalud, indica que el patrimonio negativo de esas EPS creció tras ser intervenidas.
El mandatario reiteró que «este Gobierno está salvando a las EPS», pero solo si se transforman en Gestoras de Salud y Vida. Planteó un mecanismo de crédito con recursos del Ministerio de Hacienda para cubrir las deudas pendientes, bajo condiciones de control estatal. También sugirió que la escasez de medicamentos no se debe al Gobierno, sino a los gestores farmacéuticos que, según él, no entregan los fármacos a pesar de pagos sobrefacturados en un 90,3%.
En un tramo de su discurso, el presidente se refirió a la EPS Coosalud, cuya deuda pasó de 702.143 millones en 2023 a más de 2,5 billones en 2024. Para Petro, esto prueba que «el sistema actual está muerto» y debe ser reemplazado por un modelo preventivo estatal. El jefe de Estado reiteró su pedido por la aprobación de la reforma a la salud y sugirió que el Estado podría recurrir a una nueva ley de financiamiento para evitar la quiebra.
La alocución provocó reacciones inmediatas. El exministro de Educación del propio gobierno Petro, Alejandro Gaviria, calificó al mandatario como «delirante» y acusó a su equipo de ser «pusilánime» frente a una narrativa que, según él, no tiene sustento.
Petro respondió atacando el desempeño de Gaviria como Ministro y lo acusó de obstaculizar la labor de Carolina Corcho, la exministra de Salud, que también ha sido blanco de críticas por su rol en el diseño de la fallida reforma inicial.
Mientras la Contraloría advierte que solo 6 de las 29 EPS que quedan cumplen las condiciones financieras básicas, el Gobierno defiende sus decisiones con base en datos parciales y en una narrativa que apunta a centralizar la gestión del sistema en manos del Ejecutivo.
La brecha entre los informes de los organismos de control, las cifras del Ministerio de Hacienda y las declaraciones presidenciales vuelve a dejar a la opinión pública frente a versiones contradictorias sobre el verdadero estado del sistema de salud en Colombia.
