Durante la alocución presidencial de este 19 de noviembre, el presidente Gustavo Petro incluyó un apartado destinado a cumplir la orden del Consejo de Estado que lo obligaba a rectificar expresiones usadas en julio de 2025 contra Mikel Joseba Grajales, presidente de Keralty.
La intervención llegó después de casi dos meses de la decisión judicial y estuvo marcada por una explicación extensa del mandatario, que intentó ajustar su declaración sin abandonar los señalamientos que dieron origen a la controversia.
En respuesta, Petro utilizó la intervención para exponer su interpretación del sistema de salud. Dijo que el modelo vigente generó intermediaciones que, según él, crearon obstáculos para los usuarios y priorizaron decisiones financieras. Sostuvo que su crítica del 15 de julio se dirigía al sistema en conjunto y no a personas en específico, y aseguró que la palabra “criminal” apuntaba a la estructura del modelo de aseguramiento y no a Grajales.
No obstante, el mandatario insistió en que existen investigaciones sobre empresas relacionadas con el acaparamiento de medicamentos y señaló que algunas habrían concentrado insumos esenciales. Afirmó que la justicia ha identificado responsables en esos casos y reiteró que corresponde a las autoridades determinar responsabilidades individuales.
Respecto a la financiación política, Petro indicó que sus comentarios se referían a la presencia de empresas extranjeras en reportes de apoyo económico a campañas de distintos partidos. Aseguró que la Constitución prohíbe ese tipo de aportes y sostuvo que el Estado debe vigilar con rigor la entrada de recursos internacionales en contiendas políticas.
En esa parte de su intervención, mencionó que no puede permitir que capital extranjero tenga participación en actividades políticas, sostuvo que ese tipo de intervenciones han ocurrido en el pasado y afirmó que es necesario fortalecer los controles para evitarlo en procesos electorales futuros.
«En medio de esta confrontación salud, en una locución del 15 de julio se confundió la frase que tenemos un sistema criminal porque mueren personas que podrían salvarse, simplemente aplicando la ciencia que hay en el momento y mueren porque el negocio no da. Se confundió con que estaba diciendo que un señor, el señor Mikel Grajales Jimenez, era el criminal, el criminal es el sistema y por eso debe cambiar y por eso debo decirlo explícitamente fiel a mi compromiso con el Estado Social de Derecho y, por tanto, cuando yo digo criminal me refiero al sistema, hay personas individualizadas que la justicia debe juzgar porque se robaron el dinero por manos llenas, billones de pesos, o porque acaparan los medicamentos y ahí son criminales», indicó el mandatario.
El fallo del 29 de septiembre estableció que el Presidente vulneró derechos fundamentales al calificar a Grajales como “criminal” y relacionarlo con un “crimen” ligado a supuesta financiación irregular de campañas políticas.
El tribunal determinó que no existía respaldo probatorio para esas afirmaciones y exigió una rectificación por el mismo medio en el cual fueron hechas: una alocución presidencial. También ordenó retractarse de la expresión “debe irse”, al no existir acto administrativo que justificara una expulsión o deportación del país.
El Presidente también mencionó su facultad para decidir sobre el ingreso o permanencia de ciudadanos extranjeros en Colombia, recordando que administraciones anteriores habían ejercido ese tipo de potestades. Aclaró que, en su concepto, cualquier restricción debe estar limitada a evitar riesgos para el orden constitucional y la tranquilidad pública.
La explicación del mandatario se dio en un contexto marcado por la exigencia judicial de rectificación literal. Aunque reconoció que Grajales interpretó sus palabras como acusaciones personales, el Presidente mantuvo la línea conceptual que originó la controversia y centró su intervención en la crítica al sistema de salud, en la vigilancia a la financiación política y en la defensa de las facultades del Ejecutivo.
