En medio de una creciente oleada de atentados contra la Fuerza Pública , el presidente Gustavo Petro se dirigió al país para defender su política de seguridad. En una alocución televisada, el mandatario rechazó la idea de un supuesto desbordamiento de violencia en el país y cuestionó lo que calificó como una “mentira mediática”.
Petro presentó cifras históricas de homicidios en Colombia desde 1990 para sustentar su argumento. En el gráfico mostrado, el pico de asesinatos se ubicó en la década de los noventa, con una tendencia decreciente a partir del año 2002. Según dijo, el leve repunte desde 2021 corresponde a hechos ocurridos antes de su llegada al poder en agosto de 2022. “Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia”, manifestó.
El jefe de Estado vinculó el aumento de los homicidios en 2021 con el gobierno anterior. “Este salto tiene que ver con hacer trizas la paz”, señaló al referirse a la administración de Iván Duque. También criticó al exfiscal Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de haber obstaculizado el proceso de paz con las extintas FARC.
El pronunciamiento ocurre tras una serie de atentados atribuidos al Ejercito Gaitanista de Colombia (EGC) y otras estructuras armadas ilegales, que en las últimas semanas han cobrado la vida de al menos 19 policías y 11 militares. El Ministerio de Defensa ha emitido directrices de autoprotección para los uniformados, entre ellas, evitar rutinas, no publicar información personal y portar el uniforme solo cuando sea estrictamente necesario.
El EGC ha ofrecido recompensas a sicarios por atentar contra miembros de la Fuerza Pública. A cambio, el Gobierno ha respondido con recompensas de hasta $200.000.000 millones de pesos por información que prevenga nuevos ataques.
Desde mediados de abril, más de 200 integrantes del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista han sido capturados en distintas operaciones. Además, unos 15 han sido “neutralizados”. El Gobierno también ha autorizado bombardeos contra esta estructura armada.
En respuesta a esta situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente al presidente Petro la autorización de asistencia militar en cinco subregiones del departamento. En una carta enviada este 5 de mayo, el mandatario regional citó el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 para respaldar su solicitud, que plantea el uso excepcional de la fuerza militar ante alteraciones graves del orden público.
Las zonas mencionadas en la solicitud son el Suroeste, Occidente, Bajo Cauca, Nordeste y Urabá antioqueño. Entre los municipios incluidos se encuentran Apartadó, Chigorodó, Tarazá, Caucasia, Urrao, Segovia, Amagá, entre otros. En la comunicación oficial, Rendón afirmó que “la Asistencia Militar (…) es un instrumento legal que se aplica cuando se presentan hechos graves de alteración de la seguridad y convivencia que así lo exijan”.
Durante su intervención, el mandatario de los antioqueños hizo un llamado para que el Gobierno Nacional actúe con decisión frente a la crisis. “Espero que, como consecuencia a lo que acontece en Antioquia, se esté a la altura y se disponga de las acciones que correspondan para que esto tome lugar y nos permita salvaguardar la vida de los uniformados y la seguridad de los antioqueños”, expresó.
Rendón también cuestionó la política de «Paz Total» y afirmó que ignorar la situación actual “es seguir premiando a los criminales y acorralando a nuestros uniformados”, advirtiendo sobre posibles riesgos para la estabilidad institucional del departamento.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Colombia enfrenta actualmente su peor crisis humanitaria desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. La Defensoría del Pueblo identifica al menos 12 focos de emergencia humanitaria activos en distintas regiones del país.
En medio de este panorama, la política de «Paz Total» impulsada por el Gobierno continúa enfrentando cuestionamientos. Las mesas de diálogo instaladas con distintas organizaciones armadas presentan dificultades derivadas de la fragmentación de los actores involucrados.
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