El Gobierno nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país como respuesta a las afectaciones generadas por la temporada de lluvias.
La decisión quedó consignada en el decreto 0150, que establece una vigencia inicial de 30 días y cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
De acuerdo con el Ejecutivo, un fenómeno asociado a un frente frío produjo precipitaciones que superaron entre 130% y 180% los promedios históricos. Los reportes oficiales indican que 252.233 personas y 69.235 familias resultaron damnificadas, con un saldo de 10 fallecidos. Otros balances citados por autoridades elevan la cifra de víctimas mortales a 14, con impacto concentrado en Córdoba y Sucre.
El Gobierno reportó 11.955 viviendas averiadas y 4.158 destruidas, además de afectaciones en 111 vías, 58 puentes, 91 colegios y 23 centros de salud. A esto se suma la inundación de más de 87.000 hectáreas productivas, con consecuencias para la ganadería, la producción láctea y cultivos de pequeños productores.
El decreto señala que los embalses de Urrá I y Playas superaron su volumen máximo técnico, alcanzando 103% de su capacidad. Esta situación obligó a suspender generación eléctrica y a ejecutar descargas controladas como parte de operaciones de emergencia.
El documento advierte sobre un riesgo en el sistema energético vinculado a la situación financiera de empresas del Caribe, que acumulan deudas superiores a 2,5 billones de pesos, con posibles efectos en la continuidad del suministro.
El Gobierno también reportó que el estancamiento de aguas y los daños en centros hospitalarios rurales incrementan la exposición a enfermedades como dengue, malaria e infecciones respiratorias. En paralelo, indicó que la inseguridad alimentaria supera la capacidad de atención de programas sociales vigentes.
Según el decreto, los mecanismos ordinarios resultan insuficientes para atender la emergencia. El Ejecutivo argumenta que el presupuesto de 2026 redujo recursos de contingencia en 10 billones de pesos y que los procedimientos administrativos actuales no permiten una respuesta inmediata.
Por esta razón, la declaratoria habilita facultades excepcionales para transferencias monetarias, alivios financieros a campesinos a través de FINAGRO y ajustes tributarios.
Entre las medidas previstas se incluyen giros a hogares damnificados por medio de Renta Ciudadana, ampliación del programa Hambre Cero, condonación de intereses a pequeños productores, recuperación de tierras anegadas y manejo hidráulico en zonas rurales. El decreto también contempla acciones para sostener la producción de carne y leche.
