El presidente Gustavo Petro se refirió este 30 de octubre al incidente ocurrido durante la escala técnica de su avión presidencial en el aeropuerto de Madrid, donde se presentó una negativa inicial para el suministro de combustible. En declaraciones públicas, el mandatario aseguró que la responsabilidad no fue de las autoridades españolas, sino de una empresa estadounidense contratada por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
“La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras. Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África. España me ayudó, al contrario. Menos mal pone la empresa gringa la humillación, porque se romperá el contrato con ella”, señaló el presidente.
El jefe de Estado también manifestó que “el mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe, y no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío, o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar con papá de amigo de los Ochoa y cosas de esas”.
Las declaraciones del mandatario se produjeron tras conocerse que el pasado 29 de octubre el avión presidencial colombiano, en tránsito hacia Oriente Medio, enfrentó dificultades para abastecerse de combustible en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según informó una emisora radial colombiana, las empresas encargadas del servicio de suministro —en su mayoría de origen estadounidense— se negaron a atender la solicitud, argumentando restricciones administrativas y protocolos internos.
Ante esta negativa, la aeronave debió desplazarse hacia una base aérea española, donde la intervención directa del Gobierno de España permitió finalmente garantizar el suministro de combustible y continuar con el itinerario. Aunque la situación fue resuelta, el episodio generó preocupación por las posibles repercusiones diplomáticas y logísticas en los desplazamientos internacionales del mandatario.
El incidente ocurre pocos días después de que el presidente Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior fueran incluidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta inclusión implica restricciones para realizar operaciones financieras y comerciales con entidades o personas señaladas por Washington, en este caso bajo acusaciones relacionadas con narcotráfico.
Aunque el Gobierno colombiano no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión del Departamento del Tesoro, analistas han advertido que la medida podría tener efectos indirectos en la prestación de servicios internacionales asociados al Ejecutivo colombiano, como abastecimientos o contratos con empresas que operan bajo jurisdicción estadounidense.
Fuentes consultadas indicaron que la negativa en Madrid no obedeció a razones políticas, sino al cumplimiento de protocolos de riesgo corporativo de las compañías privadas implicadas. Sin embargo, el hecho adquiere una lectura geopolítica en medio de las tensiones recientes entre Colombia y Estados Unidos, tras la descertificación en materia antidrogas anunciada semanas atrás.
