El presidente Gustavo Petro volvió a encender las alarmas institucionales con un mensaje publicado el pasado15 de julio en su cuenta oficial de X, en el que pidió públicamente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, “reestructurar la Fiscalía en Antioquia”, afirmando que en el pasado se asesinaron fiscales e investigadores en esa seccional.
En su publicación, el mandatario expresó: “La señora Fiscal General, en sus competencias, debería reestructurar la Fiscalía de Antioquia. Antaño asesinaron fiscales y todos los investigadores en la Fiscalía de Antioquia”.
La afirmación se produjo en el marco de una nueva crítica al entorno del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de quien Petro aseguró que “se rodea de asesores que moldean procesos penales en la Fiscalía de Antioquia”, lo que calificó como “un irrespeto con la justicia”.
El mensaje fue interpretado como un nuevo episodio en la larga tensión entre el presidente y el órgano investigador, tensión que ya ha sido motivo de controversia en otros momentos de su mandato.
La publicación también hizo referencia a la presunta influencia del paramilitarismo en el sistema judicial del departamento: “Esa era la justicia que se necesitaba. La asesinaron para afirmar la gobernanza paramilitar en el país, que, aún, tiene sus redes tendidas en el Estado”.
El antecedente de esta postura se remonta a 2023, cuando Petro sostuvo que él era “jefe del fiscal”, lo que generó un fuerte cruce con el entonces titular del ente acusador, Francisco Barbosa. En ese momento, el fiscal respondió haciendo referencia a una publicación del presidente en la que aparecía el fiscal Daniel Hernández junto a su hijo menor, después de que Petro insinuara vínculos entre Hernández y grupos criminales.
Barbosa advirtió que la publicación implicaba poner en riesgo a un funcionario que había sido víctima directa del paramilitarismo, pues su padre fue asesinado en la masacre de La Rochela, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció su caso como emblemático.
Ahora, con la fiscal Luz Adriana Camargo en el cargo, el presidente insiste en señalar supuestas irregularidades en el funcionamiento de la Fiscalía seccional Antioquia. Aunque se dirige a la jefa del ente acusador reconociendo que debe actuar “en sus competencias”, el tono del mensaje ha sido interpretado en algunos sectores como una sugerencia directa desde el Ejecutivo que puede tensionar el equilibrio entre poderes.
El trino puede ser una nueva señal de confrontación política con el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, uno de los principales críticos de Petro. La afirmación sobre la supuesta manipulación de procesos judiciales por parte de asesores del alcalde ha generado expectativa sobre posibles reacciones institucionales por parte de la Fiscalía y otros organismos de control.
En el pasado, Antioquia ha sido foco de disputas entre el Gobierno Nacional y autoridades regionales. El señalamiento actual se suma a una serie de episodios recientes en los que se han cuestionado las relaciones entre el Ejecutivo y estructuras locales del sistema judicial, especialmente en departamentos donde existe una fuerte resistencia al Gobierno central.
