En un nuevo Consejo de Ministros, el gobierno evalúa la aplicación de inversiones forzosas y la adopción de medidas tributarias extraordinarias en el marco de la emergencia económica decretada por la crisis ambiental que afecta a los departamentos de Sucre y Córdoba.
El objetivo, según lo expuesto por el Ejecutivo, es obtener recursos para financiar la atención de la situación en esa región del país. El mandatario señaló que existen mecanismos para recaudar fondos y que la figura de las inversiones forzosas vuelve a ser considerada dentro del conjunto de opciones.
Esa propuesta ya había sido planteada en años anteriores sin que se concretaran avances normativos. Petro afirmó que la iniciativa regresa al debate luego de que, según indicara, no se cumplieran compromisos asociados al retiro de un proyecto de ley en 2024.
El presidente sostuvo que los recursos derivados de esquemas previos se orientaron principalmente a crédito de consumo y no a financiamiento productivo o asociativo. En su momento, la propuesta de inversiones forzosas contemplaba montos cercanos a 250 billones de pesos. En la actual discusión no se detallaron cifras específicas sobre el alcance de la medida.
El Gobierno también confirmó que dentro del paquete de decisiones se incluye la activación del impuesto al patrimonio en el contexto de la emergencia. A esto se suma la revisión de cargas impositivas relacionadas con juegos de suerte y azar. De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, la meta de recaudo asociada a estas medidas sería cercana a 8 billones de pesos para destinarlos a la atención de la crisis.
En la misma sesión, Petro anunció que establecerá una nueva obligación de inversión dirigida al sector financiero con enfoque en el fomento agrícola. Indicó que esta decisión responde a lo que calificó como incumplimientos del pacto por el crédito firmado en agosto de 2024, el cual proyectaba 250 billones de pesos en financiación para vivienda, agricultura y turismo.
El mandatario afirmó que su administración fijará tasas de interés cercanas a cero para líneas de crédito canalizadas a través de Finagro y el Banco Agrario, con el fin de estimular la producción en las zonas impactadas por la emergencia. Añadió que se incrementarán los créditos asociativos para empresas del sector agropecuario mediante Bancóldex y que se implementará un sistema de tasas compensadas para pequeñas unidades productivas rurales.
El Gobierno señaló además que expedirá alivios tributarios adicionales. Según datos oficiales, durante la emergencia anterior la DIAN recaudó más de 237 mil millones de pesos en enero. Las nuevas disposiciones excluirían al sector solidario y sus reservas técnicas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el Ejecutivo espera una decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de la primera emergencia económica antes de adoptar nuevos actos legislativos. Indicó que el Gobierno aguardará algunos días la respuesta del tribunal para definir el alcance de futuras medidas.
