martes, julio 8, 2025
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Persisten los vertimientos: Juez ordenó nueva inspección judicial al río Fonce en Santander

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil reactivó el proceso judicial por la contaminación del río Fonce, ordenando una inspección judicial en su ribera tras constatar que, a pesar de una sentencia vigente desde 1994, persisten vertimientos de aguas residuales sin tratamiento, obras inconclusas y afectaciones directas a la comunidad.

La decisión se da en el marco de un incidente de desacato promovido por el ciudadano Marco Antonio Velásquez y respaldado por la coadyuvante Ángela Delgado.

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Según su denuncia, los municipios de San Gil y Valle de San José, así como empresas privadas como Curtiembres del Valle y la antigua Gaseosas Hipinto, actualmente absorbida por Gaseosas Lux, no han cumplido con la orden judicial que les exige detener el vertimiento de residuos y construir infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales.

Los informes presentados por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), el municipio de San Gil, Valle de San José y la empresa Acuasan dan cuenta de convenios, proyectos e inversiones destinadas a mitigar la contaminación. Sin embargo, el juzgado consideró necesario constatar sobre el terreno el cumplimiento de lo ordenado hace tres décadas.

La inspección, que será acompañada por la Procuraduría, autoridades municipales, representantes de Acuasan y de la CAS, así como por peritos ambientales, busca verificar el estado actual del cauce y las obras pendientes.

La diligencia fue convocada por el juez Fredy Alexander Figueroa Mateus, quien reiteró que el incumplimiento de órdenes judiciales en materia de acciones populares puede acarrear sanciones que incluyen multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y arrestos, conforme al artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

Según lo establecido, sus resultados determinarán si se impondrán nuevas medidas sancionatorias o si se reestructura el plan de intervención, en un proceso que continúa activo luego de más de 30 años sin cierre judicial y con denuncias recurrentes de la comunidad afectada por el deterioro ambiental.

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