El abogado Germán Calderón España presentó ante el Consejo de Estado una solicitud para que se abra un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, por presunto incumplimiento del fallo que lo obligaba a retractarse de las expresiones «muñecas de la mafía» utilizadas para referirse a las periodistas del país.
Estás palabras las dijo el mandatario durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín. La petición fue radicada en representación de la periodista María Andrea Nieto, quien considera que Petro no acató la orden judicial de ofrecer disculpas públicas en el plazo de cinco días hábiles, establecido por el alto tribunal. La sentencia protegía sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencias.
En el escrito dirigido al magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el abogado adjuntó la sentencia emitida en enero de 2025, que revocó una decisión anterior del 17 de octubre de 2024. En esa resolución, el tribunal determinó que las declaraciones del presidente generaron un efecto de estigmatización hacia las comunicadoras y ordenó la retractación pública mediante el mismo formato en el que fueron emitidas.
La orden judicial señalaba que el mandatario tenía que realizar una alocución presidencial y modificar el video y la transcripción del discurso de posesión de la defensora del Pueblo, incluyendo una nota aclaratoria. En ella debía explicar que sus afirmaciones sobre “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia” no correspondían a la realidad ni debían entenderse como una acusación contra las profesionales.
El abogado Calderón España sostuvo que el presidente no ha cumplido con dicha disposición y pidió al Consejo de Estado evaluar si procede la apertura del incidente de desacato. Según el jurista, el incumplimiento de la sentencia constituye una razón suficiente para que el tribunal intervenga y adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la orden.
La Corte Constitucional también ha abordado el caso. En una decisión previa, el alto tribunal dispuso que el presidente debía retractarse en los mismos términos establecidos por el Consejo de Estado, reiterando que el cumplimiento del fallo es obligatorio y no puede quedar a discreción del mandatario. Además, ordenó que se dejara constancia de que las expresiones en cuestión no representan la posición oficial del Gobierno ni buscan vincular a las periodistas con actividades ilícitas.
El Consejo de Estado deberá ahora determinar si el presidente incumplió la sentencia y, de ser así, podría requerirle la ejecución inmediata de la retractación en los términos fijados por la decisión judicial.
El caso se suma a otros procesos en los que el jefe de Estado ha sido llamado a rectificar declaraciones o publicaciones realizadas en distintos escenarios, incluidos mensajes difundidos en su cuenta de X.
