La senadora colombiana Paloma Valencia envió una carta oficial al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, solicitando que el gobierno estadounidense vote en contra de la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, cuya continuidad será discutida en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en agosto de 2025.
La misiva también fue remitida a la congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y al senador Rick Scott, miembro del Senado de los Estados Unidos.
En la comunicación, la senadora argumenta que los objetivos centrales de la misión no se han cumplido, y que su alcance actual no justifica una nueva prórroga sin una evaluación de resultados. Señala que, después de más de siete años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pese a la financiación internacional –incluida la canalizada a través del Instituto de Paz de EE. UU. (USIP)–, no se ha emitido ninguna sentencia final contra los máximos comandantes de las FARC-EP por crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Valencia destaca que estos excomandantes ocupan escaños en el Congreso de Colombia y que continúan en libertad, sin sanciones penales ni medidas restaurativas. Adicionalmente, menciona un escándalo publicado por la revista Semana que involucra viajes de magistrados de la JEP a destinos como Palomino y hoteles de lujo, bajo el concepto de «comisiones técnicas» financiadas por cooperación internacional. De acuerdo con documentos internos citados por la prensa, estos viajes forman parte de un patrón de desplazamientos no esenciales y gastos discrecionales. También se indica que al menos 25 magistrados realizaron viajes a países como Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, con la aprobación del presidente del tribunal.
Según la senadora, estos hechos reflejan una cultura institucional de opacidad, mal uso de recursos y falta de resultados, en un contexto en el que las víctimas aún esperan decisiones judiciales.
Valencia recuerda que en el plebiscito de 2016, los colombianos rechazaron el acuerdo con las FARC-EP, pero el gobierno de la época desestimó el resultado. En su carta, afirma que desde entonces, el sistema de justicia transicional ha operado sin legitimidad democrática, sin resultados verificables y sin garantizar los derechos de las víctimas. Agrega que, casi diez años después del Acuerdo de La Habana, los indicadores muestran un incremento en los cultivos ilícitos, mayor violencia contra líderes sociales y presencia de dictaduras extranjeras en la política nacional.
La senadora también critica que los excomandantes de las FARC hayan mantenido sus curules durante todo el periodo legislativo sin ser sancionados por la JEP, a pesar de que esta debía determinar si su participación política era compatible con las sanciones pendientes. Sostiene que esto institucionaliza la impunidad bajo el modelo de justicia transicional.
En ese contexto, Paloma Valencia solicita formalmente al gobierno de los Estados Unidos:
- Oponerse a la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, por considerar que sus funciones han perdido sentido.
- Solicitar al Secretario General de la ONU un informe público, verificable y transparente sobre los resultados de la misión, incluyendo sanciones, medidas aplicadas y compensación a las víctimas.
- Realizar una revisión estratégica del apoyo estadounidense al sistema de justicia transicional colombiano, en concordancia con la Orden Ejecutiva 13773 del expresidente Donald Trump, que exige evaluar si la cooperación internacional sirve al interés nacional y a la eficacia institucional.
- Redirigir la cooperación internacional al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, al acceso a la justicia ordinaria y a la reparación efectiva de las víctimas.
En la parte final de la carta, la senadora enfatiza que Colombia necesita socios internacionales que exijan resultados tangibles, responsabilidad penal y justicia restaurativa. Considera que redirigir el apoyo de EE. UU. al sistema de justicia ordinaria y a la seguridad contribuiría a proteger los recursos del contribuyente estadounidense y avanzar en objetivos de estabilidad regional y lucha contra el narcotráfico.
