El Pacto Histórico envió una comunicación formal al tribunal electoral en la que solicitó claridad jurídica frente a la posibilidad de que Iván Cepeda haga parte de la consulta presidencial del Frente Amplio del próximo 8 de marzo.
La misiva se da luego del comunicado conjunto entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, en el cual plantean la inquietud acerca de si las organizaciones políticas y los ciudadanos que participaron en las consultas realizadas el 26 de octubre de 2025 pueden igualmente hacer parte de las consultas programadas para el 8 de marzo de 2026.
La carta fue presentada como respuesta a una solicitud del registrador nacional, Hernán Penagos, quien trasladó al CNE inquietudes sobre la legalidad de una eventual doble participación en consultas.
En el documento, el Pacto Histórico plantea que el punto central del análisis debe ser si la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, organizada por el Polo Democrático Alternativo, puede considerarse un proceso que inhabilite a Cepeda para intervenir en una consulta interpartidista posterior.
Según la colectividad, ese ejercicio de octubre se dio en el marco de un proceso de fusión de partidos que posteriormente conformaron el movimiento político Pacto Histórico. Aunque la consulta terminó siendo asumida formalmente por el Polo Democrático, el Pacto sostiene que desde el inicio se trató de una elección de carácter interno destinada a definir una precandidatura, no un candidato definitivo para la primera vuelta presidencial.
En esa línea, argumenta que la intención política y jurídica siempre fue habilitar a quien resultara ganador para participar en la consulta del 8 de marzo.
El documento, firmado por los congresistas Gabriel Becerra, Carlos Alberto Benavides y María José Pizarro, junto con Jaime Caicedo, recuerda que los partidos que avanzaban en la fusión manifestaron de manera individual su interés de concurrir al mecanismo de marzo, que coincidirá con las elecciones legislativas.
Además, señalan que en septiembre de 2025 se radicó un acuerdo de voluntades en el que se establecía que la consulta de octubre tenía como finalidad seleccionar una precandidatura presidencial con miras a una posterior definición en una consulta interpartidista.
El Pacto también recordó que, durante el proceso de inscripción de la consulta de octubre, estuvo vigente una medida cautelar que le otorgó personería jurídica, circunstancia que incidió en la configuración inicial del mecanismo. En ese contexto, mencionaron la renuncia posterior de Daniel Quintero a su aspiración, atribuida a la incertidumbre jurídica del proceso. Asimismo, señalaron que en ningún momento se busca desconocer el resultado del 26 de octubre, ya que Cepeda seguiría siendo el representante del sector en el nuevo escenario de consulta.
Mientras tanto, distintos conceptos jurídicos conocidos en el debate público sostienen que la normativa electoral podría impedir una segunda participación en consultas, lo que obligaría al senador a presentarse directamente a la primera vuelta presidencial. La decisión final queda ahora en manos del Consejo Nacional Electoral, que deberá definir el alcance jurídico de ambos procesos y su efecto sobre la candidatura de Iván Cepeda.
