El reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que declaró inocente de todos los cargos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, generó una oleada de reacciones en diferentes sectores políticos del país. Desde la oposición, figuras del Pacto Histórico manifestaron su desacuerdo con la decisión, aunque coincidieron en la importancia de respetar las determinaciones judiciales.
La precandidata presidencial del Pacto Histórico, Carolina Corcho, fue una de las primeras en pronunciarse públicamente luego de conocerse la absolución. En un comunicado, expresó:
“No estamos de acuerdo con la decisión, pero respetamos y acatamos los fallos judiciales. Uribe aún enfrenta investigaciones por crímenes de lesa humanidad y el país requiere una reforma profunda a la justicia.”
Corcho enfatizó que, en su opinión, el caso refleja “las profundas desigualdades en el acceso a la justicia en Colombia” y reiteró su llamado a fortalecer la independencia de las instituciones judiciales. La dirigente política sostuvo que la confianza ciudadana en la justicia “solo puede restablecerse mediante una reforma estructural que garantice igualdad ante la ley para todos los colombianos”.
Por su parte, la senadora María José Pizarro, también integrante del Pacto Histórico, cuestionó los alcances del fallo. En sus declaraciones, aseguró:
“Lo que queda claro es que Uribe está condenado ante la historia. Durante 13 años se adelantó un proceso en el cual Álvaro Uribe Vélez ha contado con todas las garantías; es investigado, es y seguirá siendo él.”
Pizarro sostuvo que, aunque la decisión judicial exonera al expresidente, el debate sobre su papel político y ético en la historia del país “seguirá abierto por mucho tiempo”.
En contraste, otros sectores de la oposición manifestaron respeto por la sentencia, señalando que las instituciones judiciales deben actuar con independencia y transparencia, sin presiones políticas.
El fallo del Tribunal Superior representa un cierre judicial en uno de los procesos más prolongados de los últimos años. Expertos indicaron que la absolución reafirma la fortaleza del Estado de Derecho; para otros, deja en evidencia los desafíos pendientes en materia de justicia y confianza institucional.
