A diez días de la consulta interna del Pacto Histórico, la coalición del Gobierno enfrenta la etapa decisiva para asegurar la viabilidad jurídica de su jornada electoral.
Este jueves, varios de sus dirigentes se reunieron con magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el objetivo de aclarar las condiciones legales del proceso y definir si podrán participar como partido único, utilizando el logo de la colectividad en los tarjetones.
En el encuentro, los representantes del Pacto solicitaron a los magistrados que se precise la naturaleza jurídica de la consulta y que se les permita avanzar sin riesgo de inhabilidades para futuras contiendas, como la del frente amplio previsto para marzo. Según fuentes cercanas a la reunión, el CNE prepara una ponencia que podría resolver la incertidumbre antes de la fecha establecida para la votación.
El debate surge porque, aunque la consulta fue aprobada con antelación, el Pacto Histórico aún no cuenta con personería jurídica como partido único, una condición que genera dudas sobre los efectos que tendría la participación de sus precandidatos. En la jornada del 26 de octubre, se definirá entre Carolina Corcho e Iván Cepeda quién representará al sector progresista en la carrera presidencial.
El precandidato Cepeda pidió formalmente al CNE certificar la naturaleza de la consulta y evitar “sorpresas jurídicas” que afecten la validez del proceso. Tras el encuentro, se convocó una sala plena extraordinaria en la que se discutieron aspectos técnicos, entre ellos la autorización del uso del logo del Pacto en los tarjetones y la revisión de trámites pendientes relacionados con la personería de la colectividad.
Dentro del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, de la Alianza Verde, presentó una ponencia para que el organismo se abstenga de intervenir en el uso del logo, argumentando que los tarjetones ya fueron impresos por la Registraduría. La votación de esta propuesta se realizará la próxima semana, aunque todavía no hay consenso sobre si la consulta será considerada partidista o interpartidista.
Mientras tanto, la Registraduría Nacional confirmó que la consulta se llevará a cabo el 26 de octubre sin modificaciones. El registrador Hernán Penagos afirmó que no existen razones administrativas ni logísticas que impidan la jornada y explicó que los tarjetones no pueden reimprimirse debido a su diseño de seguridad. “Los partidos participantes tienen garantizado el proceso. No hay decisión alguna de suspensión o aplazamiento”, indicó.
Penagos detalló que la consulta contará con cerca de 20.000 mesas en todo el país y más de 120.000 jurados capacitados. Aclaró además que la renuncia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no tiene efectos administrativos sobre la Registraduría, dado que las inscripciones fueron presentadas colectivamente por los partidos convocantes.
El funcionario precisó que cualquier discusión sobre inhabilidades o condiciones de participación corresponde al CNE y no a su entidad. “La Registraduría organiza el proceso y consolida los resultados. Las decisiones jurídicas posteriores deben ser adoptadas por las organizaciones políticas o por el Consejo Electoral”, puntualizó.
La consulta del 26 de octubre marcará el inicio de la carrera interna del oficialismo hacia la elección presidencial, mientras el CNE define los últimos puntos legales que acompañarán el proceso del Pacto Histórico.
