El presidente Gustavo Petro ha enfrentado un nuevo revés judicial en su intento por frenar el proceso administrativo que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. La negativa del Consejo de Estado a las medidas cautelares solicitadas por su defensa deja claro que el proceso continuará y que el mandatario deberá presentar sus descargos dentro de los plazos legales.
La decisión del Consejo de Estado
El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, en su calidad de ponente, concluyó que no se cumplían los requisitos necesarios para otorgar la medida cautelar. La defensa del Presidente había argumentado que el pliego de cargos emitido por el CNE violaba normas constitucionales, afectando el fuero integral del mandatario y comprometiendo la arquitectura jurídica del país. Sin embargo, Portocarrero consideró que no existía el periculum in mora, es decir, el riesgo de un perjuicio irremediable mientras se resuelve el caso.
Según el magistrado, las medidas cautelares no son herramientas para resolver de forma anticipada un caso, sino para garantizar la efectividad de una eventual sentencia de fondo. Por lo tanto, el Consejo de Estado dejó claro que el proceso administrativo en curso en el CNE debe continuar hasta que haya una decisión definitiva.
El contexto del pliego de cargos
El pliego de cargos en cuestión señala que la campaña presidencial de Petro habría excedido los topes electorales permitidos por más de 5.300 millones de pesos, tanto en la primera como en la segunda vuelta de las elecciones de 2022. Esta cifra representa una posible violación de las normas electorales y ha sido objeto de un análisis exhaustivo por parte del CNE, que busca determinar si las irregularidades constituyen faltas administrativas graves.
La defensa del presidente había insistido en que este proceso violaba su derecho al fuero presidencial y solicitó la intervención del Consejo de Estado para suspenderlo. Sin embargo, la respuesta de los magistrados fue contundente: los actos administrativos que no son definitivos, como el pliego de cargos, no pueden ser objeto de control judicial.
La ‘demanditis’ y el desgaste judicial
El fallo del Consejo de Estado también refleja la creciente frustración de los magistrados frente a lo que algunos han calificado como una “demanditis” por parte de la defensa de Petro. Según el tribunal, no es la primera vez que se intenta bloquear el proceso del CNE mediante acciones judiciales.
En su decisión del 14 de noviembre, los magistrados dejaron en claro que solo los actos administrativos definitivos pueden ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta postura refuerza la legitimidad del proceso en curso y subraya que las investigaciones administrativas deben completarse antes de ser sometidas a revisión judicial.
El impacto político y jurídico
El avance del proceso del CNE y la imposibilidad de frenarlo representan un golpe para el gobierno de Gustavo Petro, que ha enfrentado múltiples cuestionamientos por su manejo político y administrativo. Este caso, en particular, toca un nervio sensible, pues pone en tela de juicio la transparencia de la campaña que llevó al presidente al poder.
Además, este revés jurídico alimenta el debate sobre la relación entre el gobierno y las instituciones independientes del país. Los críticos del mandatario han señalado que los intentos de frenar el proceso del CNE reflejan una estrategia para socavar las investigaciones en su contra. Por su parte, el petrismo argumenta que el pliego de cargos es un ataque político dirigido a debilitar al gobierno.
Lo que sigue en el caso
Con la decisión del Consejo de Estado, el Presidente y su equipo de defensa deberán concentrarse en presentar sus descargos ante el CNE dentro de los plazos establecidos por la ley. Este proceso administrativo aún está lejos de concluir, y cualquier sanción o decisión definitiva podría tener repercusiones tanto legales como políticas para el mandatario y su círculo cercano.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral continuará con su investigación, que podría extenderse durante varios meses. La atención está puesta no solo en el desenlace del caso, sino también en cómo este afecta la percepción pública del gobierno de Petro y su relación con las instituciones de control.
En un momento de alta polarización política, este caso se suma a una serie de desafíos legales y de gobernabilidad que han marcado el mandato de Gustavo Petro. Si bien la batalla jurídica continúa, lo cierto es que la resolución del CNE será clave para definir la narrativa en torno a la legitimidad de su presidencia.
