La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación elevaron en las últimas horas un fuerte requerimiento al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea Colombiana, exigiendo la entrega inmediata de toda la información relacionada con el proceso de adquisición de 17 aviones de combate Gripen E/F, fabricados por la compañía sueca Saab. Los organismos de control consideran indispensable conocer la documentación técnica, económica y contractual para ejercer vigilancia fiscal y disciplinaria, en un proceso que ha sido cuestionado por su hermetismo y por la falta de detalles públicos.
La Contraloría solicitó de manera formal el contrato completo, anexos financieros y la trazabilidad administrativa de la negociación. De forma paralela, la Procuraduría pidió identificar a los responsables del proceso, los cronogramas de ejecución y las condiciones pactadas con el fabricante. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno ha entregado información parcial bajo el argumento de que se trata de documentos amparados por reserva debido a asuntos de seguridad nacional.
Tanto la Contraloría como la Procuraduría desestimaron este argumento y recordaron que la reserva aplica para el público, no para las entidades encargadas constitucionalmente de la vigilancia fiscal y disciplinaria. Ambas instituciones advirtieron que la documentación debe ser entregada en su totalidad antes de que finalice la semana, bajo la advertencia de iniciar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.
El proceso de compra, cerrado por el Gobierno de Gustavo Petro por más de 3.1 billones de euros, ha estado marcado por cuestionamientos sobre su transparencia, su costo y la forma en que fue adelantado. IFMNOTICIAS reveló recientemente que los aviones destinados a Colombia no serán ensamblados exclusivamente en Suecia, sino también en Brasil, en la planta de Embraer en Gavião Peixoto, lo que convierte a este país en un punto clave de producción para Saab en la región. Esta decisión ha generado interrogantes sobre la influencia de Brasil en el acuerdo y sobre el precio final que Colombia pagará por las aeronaves, cifra que supera ampliamente los valores pactados por otros compradores de la región como India, Perú y el propio Brasil.
A esto se suma la controversia política que rodea el proceso tras las revelaciones sobre el estilo de vida de la primera dama Verónica Alcocer durante sus estadías en Suecia. Sectores políticos han planteado dudas sobre un posible conflicto de intereses, alimentado por publicaciones internacionales del diario sueco Expressen, que muestran gastos elevados sin claridad sobre su financiación. Debido a esto, varios senadores y precandidatos han solicitado a Estados Unidos intervenir y bloquear el contrato, señalando que Saab utiliza filiales estadounidenses y que, de existir irregularidades, estas podrían constituir sobornos prohibidos por la legislación norteamericana.
Mientras avanzan las presiones de los organismos de control, el Gobierno insiste en que la compra fortalecerá la defensa aérea del país. Sin embargo, el proceso continúa rodeado de interrogantes que ahora deberán resolverse con la entrega completa de la información requerida.
