Venezuela fue alguna vez sinónimo de esperanza y progreso en América Latina. Hoy, tras más de una década bajo el régimen de Nicolás Maduro, es un territorio arrasado por el hambre, el miedo y el exilio masivo. Lo que fuera la joya petrolera del continente se ha convertido en el símbolo continental del fracaso de un proyecto autoritario que ha secuestrado no solo las instituciones, sino también la dignidad de millones de personas. Este no es el resultado de una fatalidad económica, sino de decisiones políticas deliberadas tomadas por un círculo de poder que ha convertido al Estado en una estructura criminal dedicada al narcotráfico, la corrupción y la represión sistemática.
La catástrofe humana y económica
Las cifras no mienten. Entre 2013 y 2021, la economía venezolana colapsó en más de un 75%, una contracción comparable únicamente con países en guerra abierta. Aunque en años recientes se ha registrado un tímido repunte, el tamaño de la economía sigue muy por debajo de lo que era hace una década. Este desplome ha sido transmitido directamente a los hogares: según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2024, el 73% de los hogares venezolanos vive en pobreza de ingresos, afectando a más de 21 millones de personas. La pobreza extrema, aunque descendió a 36,5% en 2024, sigue afectando a 3,4 millones de hogares que no tienen siquiera ingresos suficientes para comprar alimentos.
El salario mínimo mensual oficial se mantiene congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares, equivalentes a apenas un dólar. Los trabajadores sobreviven gracias a bonos gubernamentales que pueden sumar hasta 160 dólares mensuales, pero que no inciden en prestaciones, aguinaldos ni vacaciones. Mientras tanto, el salario promedio del sector privado en Caracas ronda los 237 dólares mensuales, aunque fuera de la capital la situación es aún más precaria: en Anzoátegui, por ejemplo, el ingreso promedio cae a apenas 92 dólares mensuales.
La consecuencia más devastadora de esta crisis ha sido el éxodo masivo. Más de 7,9 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, lo que representa cerca del 28% de la población nacional. Es la segunda mayor crisis de desplazamiento en el mundo, solo superada por la de Siria. La diáspora venezolana se ha esparcido por toda América Latina: Colombia acoge a más de 2,8 millones; Perú a 1,5 millones; Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y República Dominicana suman otros cientos de miles. Familias enteras han huido del hambre, la falta de medicinas, la represión y la persecución política, arrancadas de su tierra por un régimen que les robó el futuro.
El círculo de poder: nombres y rostros del despojo
El régimen de Maduro se sostiene en un núcleo bien definido de colaboradores civiles y militares que controlan todos los resortes del Estado. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Interior, es considerado uno de los hombres más poderosos del país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala como líder del llamado «Cartel de los Soles», una organización narcocriminal enquistada en las Fuerzas Armadas que se dedica al tráfico de cocaína, contrabando de combustible y minería ilegal. Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014, garantiza la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen. Bajo su mando, la institución castrense se ha convertido en cómplice de la represión y pieza clave en la estructura del narcoestado. Estados Unidos también ofrece 15 millones de dólares por información sobre él.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva desde 2018, maneja la política exterior y económica del régimen con mano de hierro. Ha sido sancionada por la Unión Europea y Estados Unidos por corrupción, represión y violaciones a los derechos humanos. Su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional desde 2021, es el arquitecto de la propaganda oficialista y coordinador de la persecución a la disidencia.
Cilia Flores, esposa de Maduro, es la estratega silenciosa que ha tejido redes de poder desde los tiempos de Chávez. Junto a ellos, una cofradía de operadores ha sido cómplice y ejecutora de esta debacle, convirtiendo a Venezuela en lo que el gobierno de Estados Unidos describe formalmente como un narcoestado.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense presentó acusaciones formales de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, describiendo una alianza entre el Cartel de los Soles y facciones de las FARC para introducir cocaína en territorio estadounidense. Estos no son alegatos políticos, sino cargos penales ante tribunales federales que siguen su curso judicial. Washington incrementó en agosto de 2025 la recompensa por Maduro de 25 a 50 millones de dólares, convirtiéndolo en el objetivo principal del Programa de Recompensas por Narcóticos.
El Cartel de los Soles, según investigaciones, es una estructura criminal compuesta por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dedicada al tráfico de drogas, contrabando de combustible y minería ilegal. Informes de inteligencia revelan que Diosdado Cabello coordina operaciones con las Fuerzas Armadas y mantiene al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como aliado estratégico del régimen, consolidando a Venezuela como un puente para el tráfico internacional de cocaína.
La represión y las violaciones a los derechos humanos
El patrón de represión sistemática está abundantemente documentado por organismos internacionales. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió en 2025 que la persecución política se intensifica y que, ante la impunidad interna, las víctimas dependen exclusivamente de la comunidad internacional para acceder a justicia. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó en junio de 2025 un informe que documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, particularmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.
Antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio de 2024, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, incluidos centenares de menores de edad. Las personas detenidas, incluidas mujeres, niñas y niños, fueron presuntamente torturadas. Amnistía Internacional reporta que las protestas posteriores al anuncio de resultados fueron reprimidas con uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales.
La Organización de Estados Americanos declaró que las elecciones del 20 de mayo de 2018 carecieron de legitimidad y desconoció el nuevo mandato de Maduro. Las elecciones de julio de 2024 abrieron una nueva grieta internacional: numerosos países cuestionaron los resultados y pidieron auditorías y verificación independiente.
La escalada estadounidense y las operaciones de la CIA
El 15 de octubre de 2025, el presidente Donald Trump confirmó públicamente que autorizó a la CIA realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, un reconocimiento inusual por su naturaleza. «Lo hemos frenado casi por completo por el mar. «Ahora lo frenaremos por tierra», declaró Trump al referirse al presunto tráfico de drogas desde Venezuela. Cuando se le preguntó si las operaciones de la CIA tenían como objetivo eliminar a Maduro, Trump respondió: «Sería ridículo para mí responder a esa pregunta, pero creo que Venezuela está sintiendo presión».
Esta autorización representa la última escalada en la intensificación de la presión estadounidense. Desde agosto de 2025, Washington ha desplegado en el Caribe buques militares, submarinos nucleares, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon, destructores y un barco de guerra equipado con misiles, con más de 4.000 marines a bordo. Entre septiembre y octubre de 2025, las fuerzas armadas estadounidenses han atacado al menos cinco embarcaciones frente a las costas venezolanas alegando que transportaban drogas, resultando en la muerte de 27 personas.
Trump ha justificado estas operaciones afirmando que Venezuela «vació sus cárceles y envió criminales a Estados Unidos» y que «la droga que llega desde Venezuela mata a miles de estadounidenses». Funcionarios estadounidenses han dejado claro en conversaciones privadas que su objetivo primordial es destituir a Maduro del poder.
Para millones de venezolanos dentro y fuera de sus fronteras, la esperanza de un cambio se ha vuelto cada vez más esquiva. Tras años de elecciones manipuladas, negociaciones fracasadas y promesas incumplidas, muchos ven en la intensificación de la presión internacional —liderada por Estados Unidos— la única vía posible para desalojar a un régimen que ha demostrado su desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana.
Sin embargo, la ruta hacia la recuperación de Venezuela no puede depender exclusivamente de intervenciones externas. La experiencia histórica enseña que los países que reconstruyen instituciones democráticas sólidas —banco central independiente, justicia imparcial, fuerzas armadas no deliberantes, empresas estatales con gobierno corporativo real— recuperan crecimiento y dignidad cívica. El potencial humano de la diáspora venezolana, millones de profesionales y emprendedores dispersos por el mundo, unido a reglas estables, puede reactivar inversión y empleo.[1]
El dolor venezolano tiene causas con nombres y apellidos, pero también tiene remedios con instituciones y fechas. La salida sostenible requiere una ruta institucional clara: garantías creíbles para una transición, liberación de presos políticos, cronograma electoral verificable, observación internacional robusta y alivio condicionado de sanciones conforme a avances medibles. En ese marco, la comunidad internacional —incluido Estados Unidos— puede y debe desempeñar un papel de acompañamiento firme y medible, evitando que la geopolítica sustituya a la voluntad popular.[1]
Venezuela no necesita más diálogos vacíos ni más promesas incumplidas. Necesita justicia, libertad y reconstrucción. El régimen de Maduro y su círculo de poder deben ser juzgados por crímenes contra la humanidad, por narcotráfico, por corrupción y por haber robado la sonrisa a millones de venezolanos. La historia no los absolverá. Y el mundo tiene la responsabilidad de actuar.
