A la izquierda del país le incomoda profundamente recordar que, en el año 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la Presidencia de la República, la “Seguridad Democrática” se convirtió en la gran apuesta para rescatar a Colombia de su condición de Estado fallido.
En ese entonces, los ciudadanos vivían secuestrados y sitiados por las FARC, y otras estructuras criminales. Bajo el liderazgo del Presidente Uribe, como Comandante de las Fuerzas Militares, esta estrategia avanzó con rapidez y logró devolver la seguridad a los colombianos.
Veintidós años después, muchos colombianos que vivieron los logros de la Seguridad Democrática la recuerdan con nostalgia. Según las encuestas más recientes, la seguridad es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.
En contraste, la estrategia de la “Paz Total” del presidente Petro ha fracasado, debilitando profundamente la estabilidad del país. Los únicos beneficiados han sido los grupos criminales, que han ganado terreno de manera alarmante: en 2023 controlaron el 28,4% del territorio nacional (324.736 km²), operaron en 455 municipios y en más de 9.000 veredas de 29 de los 32 departamentos. Además, sumaron 1.647 nuevos integrantes a sus filas.
El pasado 30 de noviembre, el Partido Centro Democrático organizó en Bogotá su segundo foro con los cinco precandidatos presidenciales: Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Miguel Uribe. El tema central fue la seguridad, una bandera que, bajo el liderazgo del expresidente Uribe, ha sido siempre prioritaria. La pregunta que surge es inevitable: ¿deberá la Seguridad Democrática salvar nuevamente a Colombia del acecho de los bandidos?
En sus intervenciones, los precandidatos expusieron las inquietudes que han recogido en sus recorridos por el país. La preocupación es evidente y se suma a las decisiones del actual Gobierno, que ha debilitado a la Fuerza Pública al reducir su presupuesto y presionar la salida de oficiales destacados. Un caso paradigmático es el del general Fajardo, quien comandaba la VII División del Ejército; este alto oficial lideró el operativo del 23 de julio en Cisneros, Antioquia, en el que se capturaron cabecillas de las disidencias de las FARC que se movilizaban en vehículos de la UNP, portando armas, oro, dinero y un menor de edad reclutado forzosamente.
Ante este panorama desolador, la Seguridad Democrática 2.0 será fundamental para que el próximo Presidente implemente una estrategia sólida que devuelva la tranquilidad al país. Sin seguridad no hay inversión, turismo, desarrollo económico, competitividad, y tampoco una paz verdadera.
Mientras el presidente Petro parece ignorar la realidad y los índices de criminalidad, los datos sobre el aumento de los delitos entre 2022 y 2023 son contundentes y desmienten cualquier relato oficialista: los secuestros aumentaron un 70%, con un 43% en secuestros simples y 86% en extorsivos; la extorsión creció un 13% y el reclutamiento de menores un 3%, afectando especialmente a comunidades indígenas (68,4%). Los hurtos evidenciaron un incremento significativo: un 11% a personas, 7% a vehículos y 3% a residencias, los delitos ambientales un 26%, y desde el 7 de agosto de 2022 se han registrado 195 masacres que han dejado 663 víctimas. Esto sin contar el aumento de los cultivos de coca que alcanzaron 253.000 hectáreas, consolidando al país como líder mundial en narcotráfico.
La incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad ha generado un clima de desesperanza y temor en la población. Las cifras no mienten: estamos ante una situación crítica que requiere una respuesta inmediata y efectiva.
La Seguridad Democrática 2.0 no es solo una propuesta, es una necesidad imperiosa para restablecer el orden, proteger a los ciudadanos y recuperar el control territorial. El expresidente Uribe, en su mensaje a los precandidatos, lo expresó con claridad: “sus intervenciones fueron muy buenas. Hay que aumentar y prolongar la difusión… Que sus ideas hagan recorrido, que se fijen en la opinión. Que no queden en titulares que otros pongan”.
Hoy más que nunca, Colombia necesita un liderazgo firme que priorice la seguridad como un derecho fundamental y como la base de una sociedad en paz. La experiencia nos ha demostrado que sin ella no hay futuro posible.
