El gobierno de Gustavo Petro, tras 20 meses de gestión, enfrenta dificultades significativas. Su estilo de improvisación y radicalismo le ha costado valiosos apoyos. La renuncia de cuatro ministros claves y respetados en la centro-izquierda ha debilitado su capacidad de interacción con varios sectores. Se dice que un presidente mantiene gobernabilidad con el apoyo del Congreso, los empresarios y el pueblo, pero el presidente parece estar cada vez más aislado. Esto se refleja en su índice de desaprobación, que alcanza el 60% según la última encuesta de Invamer, y la marcha del domingo 21 de abril es un claro indicativo de que la oposición a sus políticas está creciendo significativamente.
El domingo, las calles hablaron. Más de un millón de colombianos expresaron su rechazo a las reformas en salud, pensiones, laborales y a la propuesta de una nueva Constituyente. Petro ha perdido el apoyo popular y, aunque se niega a reconocerlo, su actitud arrogante e indiferente contrasta con la postura de Laura Sarabia, quien admitió en su cuenta de X la masividad de las marchas y la necesidad de que el gobierno reflexione.
El mensaje, sin embargo, no es solo para el gobierno, sino también para el Congreso. Esta semana continúa en el Senado la discusión y votación de la controvertida Reforma Pensional. El clamor ciudadano debería presionar a los legisladores, especialmente a aquellos del partido Liberal, la U, Conservadores y algunos independientes, a quienes no se debe perder de vista.
La Reforma Pensional es tan cuestionable como la de Salud. Esta semana, desde la academia y diversos centros de pensamiento, se alertó sobre cuatro aspectos particularmente perjudiciales: elevar el umbral de cotización para el componente de prima media del pilar contributivo a 1,5 salarios mínimos; asignar la administración del fondo de ahorro del componente de prima media como tributo al Banco de la República; postergar la entrada en vigor de estas disposiciones hasta 2026; y fortalecer el régimen de contratación de Colpensiones, tanto en personal como en adquisiciones de bienes y servicios.
Petro se ha quedado sin calle y su única opción parece ser sumarse a la marcha del 01 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Su capacidad de convocatoria se ha debilitado y su liderazgo se desvanece por el radicalismo de la extrema izquierda y su egocentrismo. Colombia enfrenta una crisis de seguridad preocupante: el 85% de la población percibe inseguridad, las masacres continúan en aumento, la deforestación ha crecido un 40% en los últimos meses, y la CIDH, en una intervención atípica durante su visita al país, instó al presidente a responder por la seguridad de los colombianos.
Las calles pertenecen a millones de colombianos que defendemos la democracia, y exigimos democracia para Venezuela, nos oponemos a la extrema izquierda, creemos en una paz sin impunidad, y abogamos por la libertad empresarial para fomentar oportunidades, empleo y sindicalismo. Nada está perdido, la marcha del domingo demostró que los colombianos somos resilientes y que la democracia se debe defender a toda costa. El mensaje para Petro fue claro: él no está por encima de la Constitución, ni de la ley.
